La delegación uruguaya se ausentó de la sesión que, además, se pidió a Maduro recibir a una misión de la Comisión Interamericana.
La delegación de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA) volvió a ausentarse este miércoles de una sesión en la que organismo regional iba a discutir un asunto relacionado con la crisis que vive Venezuela.
En la oportunidad se trató nada menos que de la aprobación de una declaración de condena a la “violación sistemática de los derechos humanos” por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
La misma declaración le pidió al mandatario venezolano que le dé acceso a su país a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algo que no sucede desde 2002.
La resolución pide el fortalecimiento de la cooperación entre esa comisión y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, con el objetivo de “monitorear” la situación venezolana.
También se reclamó una investigación “seria y creíble” que lleve ante la Justicia a los integrantes del gobierno de Maduro acusados de violaciones a los derechos humanos.
La ausencia uruguaya fue acompañada por otros dos países: Antigua y Barbuda y Granada.
Votaron a favor de la resolución Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana,Haití, Honduras, Jamaica,Panamá, Paraguay,Perú, República Dominicana,Santa Lucía y la delegación venezolana que representa al “presidente encargado”, Juan Guaidó, al que la mayoría de la OEA reconoce.
En contra del documento se expresaron Dominica, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas.
Hubo siete abstenciones: entre ellas de la de Bolivia, uno de los tradicionales aliados de Maduro. Indéntica postura tomaron Barbados, Belize,San Cristóbal y Nevis, Surinam y Trinidad y Tobago. También México, que junto a Uruguay fue uno de los propulsores del diálogo para resolver la situación venezolana.
Uruguay se había retirado a fines de junio de las sesiones de la Asamblea General del organismo en rechazo, justamente, a la presencia de los delegados de Guaidó, carente según el Palacio Santos de cualquier tipo de legitimidad.
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