“Esto está todo mal y no se muestra”, dijo el embajador Carlos Amorín y rompió el papel con la planilla en la que figuraban los ocho nombres que habían logrado el puntaje suficiente para ingresar al Servicio Exterior.
Eso fue lo que vieron, el lunes 13 de mayo en el primer piso del Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE), diez personas: la dirección del instituto integrada por tres embajadores y encabezada en ese momento por Alberto Guani, dos escribanos de la cancillería, dos funcionarios de Servicio Civil, una bilbiotecóloga, una secretaria de tercera que tomaba nota y un secretario de tercera que fue quien puso por escrito las calificaciones que evidenciaban que más de la mitad de las vacantes previstas para el 2019 no se llenarían.
El joven diplomático que había tomado nota le dio el papel a Amorín quien lo rompió ante el silencio de la sala y se fue acompañado de Guani.
Pocos minutos antes, en un acto público que comenzó a las 11 de la mañana, se había hecho la apertura del anonimato de la prueba escrita y la cancillería reveló quienes habían aprobado la prueba, aunque no se especificaron las calificaciones. Cuando se fue el público invitado quedó ese grupo de diez y, tras pasar raya a los resultados finales que determinaba que solo ocho personas ingresarían al Servicio Exterior, el entonces director de la Secretaría General ordenó a las autoridades del IASE buscar una solución para que se llenaran más vacantes.
Hasta ahí una versión de los hechos narrada por una fuente y ratificada por otras dos.
Sin embargo, en conversación con El Observador, Amorín dio otra versión de los hechos. Si bien reconoció haber roto una planilla, marcó dos diferencias fundamentales. Por un lado, dijo que la reunión en la que ocurrió eso sucedió antes de la apertura del anonimato. Además argumentó que lo que rompió fue un «pronóstico» que hizo la dirección del instituto con los concursantes que tenían posibilidad de ingresar, algo que indicó que estaba «muy mal hecho».
«El IASE había hecho un pronóstico de quien iba a salvar antes de que se hiciera público quien había salvado. No se había abierto el acta. Antes de abrir habían hecho una especie de prognosis de cómo iba a salir. Y yo dije que eso no podía salir. Eso fue lo que yo rompí», dijo.
Amorín no recuerda cuántos nombres había en esa lista pero cree que «eran ocho».
La responsabilidad
Atrás habían quedado varios meses de concurso, que se inició con la inscripción y que siguió con una prueba eliminatoria de idioma español, cuyo resultado no computa para el orden final que dicta el listado de precedencia. Luego comenzaron las pruebas por puntos. Sobre un máximo de 100, el concurso se dividió en cinco partes: la prueba escrita (37%), el idioma inglés (18%), un idioma opcional (5%), la prueba oral (37%) y los méritos (3%). Antes de la prueba oral, también se hizo la prueba psicotécnica que este año eliminó al 50% de los postulantes que quedaban en ese momento del concurso.
Ingreso a cancillería: prueba psicotécnica eliminó al 50% de los concursantes
Este largo proceso implica un esfuerzo de recursos materiales y humanos importantes para el ministerio. Con ese argumento, el ex número tres de la cancillería procuró que se ensanchara la lista de quienes iban a ingresar, a pesar de la opinión predominante en la dirección del IASE que sostenía que la lista se debía cerrar con esos ocho.
La forma en que se canalizó el pedido de Amorín fue con una alteración de los resultados finales. El jerarca aprobó la forma y fue consultado en cada etapa del proceso, confiaron fuentes diplomáticas a El Observador. De hecho, el IASE depende jerárquicamente de la Secretaría General, cuyo director es quien preside el tribunal del concurso de ingreso. A pesar de su responsabilidad en este tema, el diplomático fue designado por el presidente Tabaré Vázquez como el nuevo embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
Amorín, por su parte, niega haber sido el «autor intelectual» de la alteración y de haber dado «la orden de cambiarlo», aunque entiende que como director de la Secretaría le compete «responsabilidad institucional». “De la alteración no me hago responsable. Obviamente el director de las secretaría es el responsable final. Pero nada más que eso. La alteración no es mi responsabilidad”.
¿Y de quién es la responsabilidad?
No, yo eso no le voy a decir. Hubo una idea de buena fe que terminó mal.
¿Pero usted aceptó que se hiciera eso?
Cuando me dí cuenta llamé a Servicio Civil a ver si estaba bien.
¿Antes que El Observador publicara?
Sí, el día anterior.
¿Y qué le dijo Servicio Civil?
No me pude comunicar y fueron los funcionarios al día siguiente.
¿Y por qué publicaron los resultados si usted no se pudo comunicar?
Eso habrá sido un error.
¿Eso no fue responsabilidad de usted?
Subir eso no fue mi responsabilidad.
¿La responsabilidad fue de Guani?
Yo no digo que fue de nadie.
¿Cómo de nadie?
Fue el Instituto Artigas. Ese es un tema normal que se publica siempre, en algún momento. No tiene valor…jurídicamente recién los funcionarios fueron designados mucho tiempo después. Era simplemente un aviso. Al otro día se comprobó que era incorrecto y se corrigió. Punto.
La solución
Entre el 13 y el 14 de mayo se hizo la maniobra que consistió en la adjudicación de forma arbitraria de dos puntos a todos los concursantes que llegaron a la instancia final del concurso, en contravención de lo establecido en las bases. En la planilla con los resultados que la cancillería subió a su página web el 14 de mayo figuraba como “mérito” una columna que otorgaba dos puntos a los concursantes solamente por haber presentado el título universitario, que era uno de los requisitos básicos para poder participar.
No había ningún lugar de las bases en donde se previera esa posibilidad. De hecho, en la resolución del Ejecutivo que fija las reglas de juego se dice expresamente que la presentación de este documento “no suma para el puntaje final”. Esta acción de la administración provocó la particular situación de que el concurso terminara siendo sobre un máximo de 102 puntos en vez de 100, tal como establecían las bases. Al menos en los últimos siete concursos –entre 2012 y 2018- no se hizo uso de esta arbitrariedad según constató El Observador cotejando los resultados finales de otros años.
El argumento del ministerio, esgrimido por el ministro Rodolfo Nin Novoa, fue que esa decisión no “perjudicaba” a nadie, aunque también catalogó todo el episodio como un “error involuntario” para decir que él no sancionaba ese tipo de situaciones. Sin embargo, la irregularidad que estableció un cambio en el contrato y, en un principio, terminó beneficiando a tres concursantes que sin esos puntos no habrían podido llegar a 70 (el mínimo para ingresar), entre ellos el hijo de una embajadora con vínculos con el oficialismo.
EFE
El Observador reveló la manipulación del concurso el 15 de mayo y, en pocas horas, la cancillería dio marcha atrás. Tras una reunión con Servicio Civil en Presidencia, se decidió que no ingresarían los tres concursantes que se vieron beneficiados. Sin embargo, esa dependencia del estado ya estaba al tanto de la situación porque había formado parte del final del proceso y, además, porque hubo conversaciones previas entre Amorín y el director de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, dijeron las fuentes en contradicción con lo expresado por Amorín. “Ya sacaron muchas cosas, no quiero hablar”, exclamó el director general ese día ante la solicitud de El Observador para consultarlo sobre la irregularidad.
La situación alborotó la casa y la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay (Afuseu) pidió una reunión con Amorín para conocer cuál era la postura de la administración. Según consignó El Observador el 16 de mayo, Amorín se mostró “sorprendido”. El impacto también los sufrió el tribunal académico que todos los años es invitado a tomar los exámenes y que, viendo su reputación en juego, pidieron una reunión de urgencia con Amorín para pedir explicaciones, reclamar responsabilidades y exigir garantías de cara al futuro.
Los cambios no demoraron en llegar y se reemplazó a la dirección del IASE. Guani fue sustituido por el embajador Pablo Sader, quien acababa de retornar de Finlandia.
En tanto, Amorín recibió el destino que quería de parte del Ejecutivo y antes de la fecha límite (fin de julio) que el ministro se puso para hacer este tipo de designaciones. Un proyecto de ley con la firma del presidente Tabaré Vázquez fechado el 15 de julio le solicitó a la Cámara de Senadores la venia correspondiente para acreditar al diplomático como representante permanente de la República ante la Organización de Naciones Unidas, con sede en Nueva York, un destino de relevancia.
En el extenso currículum de Amorín que se adjunta en el proyecto de ley se destaca su presencia de nueve años como jefe de misión en Brasilia, otro de los destinos más importantes para el país.
