Un grupo de abogados denunció penalmente a los médicos que atendieron a la nena de 11 años que, tras haber sido violada por la pareja de su abuela, en Argentina, fue sometida a una cesárea en un hospital de la provincia de Tucumán, al norte de ese país, un procedimiento que culminó con el fallecimiento de la bebé prematura.
Los denunciantes acusaron a José Gigena y Cecilia Ousset, la pareja de médicos que atendió a la menor, por ‘homicidio calificado’ —que podría establecer una pena de prisión perpetua—, puesto que la niña gestada producto de un abuso murió el pasado viernes, tras permanecer 10 días internada en el Hospital Eva Perón.
Es que, a pesar de que tanto la víctima de violación como su madre habían solicitado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la semana 16 de gestación, la niña de 11 años fue sometida a una cesárea, luego de que el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) ordenara a las autoridades del hospital que llevara adelante el procedimiento en la semana 23, en función de «salvar las dos vidas».
La denuncia fue presentada por los abogados María Teresa Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Colombres, Jorge Javier Ramacciotti, Constanza Del Carril, Raúl Alfredo Lezana, Ángela Lorna Vittini, Ricardo Miguel Auad, con el patrocinio de Salvador María del Carril, todos pertenecientes a grupos denominados «provida», que se oponen al aborto aún cuando la mujer embarazada haya sido violada.
La interrupción legal del embarazo está estipulada en el artículo 86 del Código Penal, vigente desde 1921, y en este caso la menor contaba con el aval de su madre. Según organizaciones feministas y de derechos humanos, las autoridades de Tucumán demoraron deliberadamente la intervención, lo que vulneró los derechos de la niña. De hecho, hubo una presentación en la Justicia contra el propio gobernador de la provincia, Juan Manzur, por «abuso de autoridad».
Una de las abogadas que acusaron al personal médico, María Teresa Mockevich, dijo al canal local TN: «Ellos, teniendo plena conciencia de la ciencia médica, la dejaron al costado y dejaron absolutamente desprotegida a una personita indefensa que no pudo sobrevivir más que 10 días. Entonces ahí ya no hablamos de aborto, estamos hablando de homicidio».
Por su parte, José Gigena, el profesional que atendió a la menor abusada, respondió: «No me sorprende la presentación porque viene de grupos autodenominados provida, que en realidad son antiderechos que intentan avasallar los derechos de otras personas que, como en mi caso, actué en el marco de la ley».
Este caso y otro similar ocurrido con una niña de 12 años en Jujuy, tomaron gran repercusión en Argentina, donde el año pasado el Senado rechazó el proyecto de ley para despenalizar el aborto, a pesar de las masivas manifestaciones para reclamar por el «aborto legal, seguro y gratuito».
