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Uno de los dos jóvenes señalados por haber matado el pasado 23 de diciembre al taxista Juan Carlos Necaratto vivía una casa sin conexión legal a la red UTE, un hecho menor que sin embargo fue determinante para que ocurriera el crimen del trabajador.
Este hombre de 22 años, primo del otro imputado por este homicidio, ya había sido llevado ante la Justicia por la desaparición de una persona en julio, y se le había impuesto como medida cautelar prisión domiciliaria, y la colocación de una tobillera electrónica para tenerlo controlado.
Sin embargo el dispositivo nunca se le llegó a colocar, puesto que el protocolo que el Ministerio del Interior establece que no se le pueden colocar la tobillera a personas que estén colgadas de la luz, según informó El País.
Sin esta medida de control, la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) recién descubrió que el joven se había fugado cuando envío funcionarios a corroborar que estuviera cumpliendo con la prisión domiciliaria.
La policía debió realizar ocho allanamientos en busca del delincuente, hasta que fue detenido este martes, cuando por primera vez lo encontraron en su casa.
Estando prófugo de la Justicia cometió el crimen de Nacaretto, junto a su primo –ambos detenidos y enviados a prisión este miércoles-. Lo abordaron en el taxi para robarlo, le dispararon en la mejilla y con el trabajador medio inconsciente lo llevaron hasta las calles Teniente Galeano y Roberto Ibáñez, en Piedras Blancas, donde lo atacaron “brutalmente” a palazos hasta matarlo, según contó el fiscal de homicidios Juan Gómez.
Luego incendiaron el taxímetro para eliminar las pruebas, y escondieron el cuerpo en una cuneta ubicada a cuatro metros de donde ultimaron a Nacaratto. El cuerpo del trabajador fue localizado allí el 24 de diciembre.
Desconexión
El fiscal de homicidios Juan Gómez que actuó en el caso del taxista asesinado, es el mismo que en su momento llevó ante la justicia al joven de 22 pero por su responsabilidad en la desaparición de otra personas. En aquel momento el fiscal pidió la prisión preventiva, pero la Justicia le dio prisión domiciliaria e impuso la medida de colocarle la tobillera electrónica para monitoriearlo.
Gómez, entonces apeló la decisión, pero un tribunal de apelaciones mantuvo lo que se definió en el juzgado de primera instancia.
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