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Cierran “depósitos humanos”: explotaban sexualmente a discapacitados, eran residenciales clandestinos, que también “alojaban” a jubilados con buenos ingresos totalmente medicados y sin posibilidad de optar.
En todo el país existen 1116 hogares, residenciales de ancianos y casas de salud en forma operativa y relevadas por las autoridades.
Apenas 20 se encuentran habilitados, al haber culminado con éxito los trámites administrativos correspondientes. La situación no se traduce necesariamente en que el resto no esté en condiciones de funcionar.
La información fue aportada al Parlamento desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el marco de la Rendición de Cuentas.
“El problema en Uruguay es que no teníamos los incentivos suficientes como para que los residenciales completaran los trámites administrativos de habilitación”, explicó el director del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, Julio Bango.
Algunos en particular, como la habilitación de Bomberos, llevaban años, lo que hacía que los hogares quedaran incluidos entre los no habilitados, a pesar de que tenían condiciones de funcionamiento adecuadas.
De todas formas, Bango admitió que 104 residenciales, cerca del 10% del total, están en condiciones críticas. “Lisa y llanamente, están en un estado que tendrían que cerrar o hacer una profunda transformación para brindar una atención de calidad”, afirmó.
Las cifras del Mides difieren de las difundidas semanas atrás por Salud Pública, que había relevado 925 centros sin incluir los “servicios de internación familiar”, por los que mediante un convenio dos o tres personas pueden estar alojadas en una casa particular.
Bango reconoció que para el ministerio los hogares sin condiciones representan un desafío. En ellos viven 1154 pacientes, atendidos por 429 trabajadores.
Según explicó, la estrategia pasa por tres vías. Por un lado, la generación de préstamos blandos a través del Banco República para que esos locales mejoren sus condiciones.
Por otro, la formación de sus recursos humanos para elevar la calidad de atención a los pacientes.
La tercera línea de trabajo es la fiscalización conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, que es el que tiene la prerrogativa de habilitar o cerrar los hogares, según establece la ley , y el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de las Personas Mayores.
Se establecen equipos de fiscalización que han redoblado su actividad en todo el país, lo que ha permitido, según Bango, procesar cierres de varios residenciales
“El problema que se genera cuando se cierra un hogar es qué pasa con las personas, entonces, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, tratando de generar las alternativas para que esas personas no queden desamparadas, sin nadie que las proteja”, remarcó.
Apoyando la exposición de Bango intervino la ministra Marina Arismendi, para agregar una cuarta vía de acción “de la que nadie se entera, pero que es bien interesante”.
Según aseguró, a pesar de ser muy ruidosa no ha tenido ninguna trascendencia.
En conjunto con Salud Pública, Crimen Organizado, Interpol y la Fiscalía General de la Nación, se allanaron varios residenciales, absolutamente clandestinos,que alojaban a niñas y jovencitas con discapacidades intelectuales severas o dependencia que eran explotadas sexualmente.
En esos “hogares” también se encontraban personas mayores, con buenos ingresos por jubilación y pensión, medicadas y excluidas de la posibilidad de valerse por sí mismas.
Según Arismendi, los operativos fueron desarrollados en Montevideo y, “en reiteración real”, en Río Branco. “Todo el pueblo puede contar las cosas que han sucedido allí”, expresó.
La ministra se preguntó entonces qué destino tienen las personas alojadas en ese tipo de hogares. “Terminan, transitoriamente, en una cama de hospital, atendidas de alguna manera por nosotros o quedan a cargo de su curador, si es que lo tienen”,dijo.
En algunos casos, lamentablemente, la curatela la tienen los “dueños explotadores de esos depósitos humanos”.
Arismendi explicó que la detección de estos casos fue posible gracias a la llegada de alguna “pista” que el ministerio logró seguir y que lleva a encontrarse con muchos delitos, que fueron denunciados ante la Justicia.
“Lo cierto es que en estos casos hay apropiación indebida de personas”, remarcó
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