El 8% de las vacantes del Estado por año deben llenarse con gente de este colectivo. En 2017 apenas fue el 2%. No hay sanciones previstas.
A las organizaciones afrouruguayas no les llamó la atención los datos del relevamiento realizado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONC) sobre los ingresos al Estado en 2017, que reflejaron una presencia de integrantes de este colectivo que apenas es una cuarta parte de la estipulada por ley. El hecho que no existan sanciones para el organismo que incumpla esa norma es esgrimido como uno de los factores que lo explican. Pero también apuntan a la falta de interés y al racismo solapado que notan en la sociedad.
“Uruguay ha sido maquiavélicamente brillante en la aplicación del racismo”, dice a ECOS Néstor Silva, director nacional de Organizaciones Mundo Afro.
Según ese informe de la ONC, divulgado este lunes por La Diaria, en 2017 ingresaron 361 afrodescendientes en los puestos de trabajo vacantes del Estado. Esto es un 2,06% del total de ingresos a los organismos públicos. Según la Ley de Afrodescendientes, la 19.122, para impulsar su participación en las áreas educativa y laboral, debería ser un 8%.
“Ya desde la aplicación de esta ley se está en falta. Está en falta el empleador y también, más allá que esta ley sea un logro, no tiene una sanción para los organismos que la incumplen. Eso es un debe a resolver”, indica Fabiana Míguez, integrante de la Coordinadora Afrodescendiente.
Silva y Míguez son parte del consejo consultivo que monitorea que se cumpla esta ley, aprobada en 2013.
“Tampoco hay un protocolo específico ni criterios unificados entre los distintos organismos”, agrega Míguez.
El único organismo del Estado que cumplió la cuota en 2017 fue la Junta Departamental de Cerro Largo, en la cual ingresaron el año pasado tres afrodescendientes; esto fue un 25% del total de vacantes a llenar. En el Banco Repúblicia ingresó un 7,69%, un 7,58% al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un 7,48% a la Intendencia de Cerro Largo y en Presidencia de la República un 7,16%. Del total de ingresos afro, 162 (poco menos de la mitad) fueron como soldados al Ejército. Según Míguez, la alta presencia de integrantes del colectivo en el personal subalterno de las Fuerzas Armadas tampoco representa ninguna sorpresa.
La integrante de la Coordinadora no se anima a afirmar si existe desinterés o no en el cumplimiento de esa ley. “Quiero ser optimista: quizá lo que hay sea desconocimiento. Y lo que hay es un racismo solapado, hay quien piensa que las acciones afirmativas para la inclusión laboral no están bien vistas”, indicó.
Néstor Silva, de Mundo Afro, es más tajante. “Hay una razón central para que esto no se cumpla que es el actual racismo estructural. Hay asuntos culturales muy profundos que por más que se legisle no se va a arreglar en el corto tiempo”. Según dijo, en Uruguay “está la costumbre de que hay personas que no pueden estar en determinados lugares”. Un ejemplo es “un negro atendiendo en la caja de un banco”.
Entre los números que grafican la realidad de este colectivo, que se cree representa al 8,1% de la población, se indica que más de la mitad (51,3%) tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, el 40% es pobre y tres de cada cuatro jóvenes no terminan el liceo.
Para Silva, en algunos lugares no hay interés en cumplir esta ley. Como ejemplo, señaló que la norma establece que se creará en el Poder Ejecutivo una comisión que controle su cumplimiento, integrada con un representante de los ministerios de Desarrollo Social (Mides), Eduación y Cultura (MEC) y Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Del Mides y el MEC, el director de Mundo Afro no tiene reclamos que hacer. “Pero si me preguntas por la pata del Ministerio de Trabajo, vas a notar que falta, que no está”. A su vez, indica que si bien a nivel dirigencial las afirmaciones y las intenciones pueden apuntar hacia la inclusión. “los gestores, los mandos medios, encajonan y no cumplen”.
Según publicó La Diaria, desde que comenzó a implementarse esta ley, 1.117 afrodescendientes ingresaron al Estado.
