Sostienen que sus dichos son eco de los cuestionamientos que se hacen hace tiempo. Y esperan que el «sincericidio» no tenga consecuencias.
Las declaraciones que el director nacional de Policía, Mario Layera, realizara en una entrevista que publicó El Observador el sábado generaron varias reacciones. El Partido Nacional convocará al número tres del Ministerio del Interior a las comisiones de Seguridad del Senado y de Diputados por sus dichos. En el gobernante Frente Amplio no tardaron en escucharse las críticas al jerarca, donde el tema pasaría a discusión de los organismos internos. Pero en los gremios policiales no alcanzaron las manos para aplaudir algunas de sus expresiones.
“Layera dijo la verdad. Se veía venir que estamos siendo Guatemala. Y la Policía está confundida”, dijo a ECOS Otilio Ferreira, presidente de la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), que nuclea a 14 colectivos de uniformados. “Los gremios hace rato que venimos denunciando esto. Se percibe una delincuencia más pesada. Y que no está pagando por los crímenes que hacen. Hoy matar a un policía es como matar a un perro”, agregó.
En esas declaraciones a El Observador, Layera señaló que la Policía tiene una dificultad creciente para combatir a la delincuencia. Entre las causas de esto, indicó la “compartimentación” que hay en el Estado, con organismos como el Mides, el BPS o ANEP que no comparten información y un discurso que transmite mayor violencia en ese submundo. Además de decir que se está en riesgo de tener una sociedad al estilo de Guatemala o El Salvador, el policía está confundido, desconocedor el apoyo legal que tiene su accionar y con la capacidad de investigar muy limitada ya que, según el nuevo Código de Proceso Penal (CPP), está en manos de los fiscales.
Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), y Roberto Cardozo, vicepresidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), coinciden, por separado, en lo mismo: las palabras de Layera no son más que el eco de la prédica de estos gremios en los últimos años. Y por ende, no pueden estar más de acuerdo.
“En el Parlamento lo venimos diciendo desde 2008, por lo menos. Y en 2013 dijimos que el Ministerio del Interior era un barco a la deriva. Pero el acabose fue con este nuevo CPP”, que entró en vigencia el 1 de noviembre pasado, indicó Álvarez.
Acá también hay coincidencia entre esas asociaciones. Rodríguez indicó que, con el código anterior, la Policía tenía un rol más activo en la investigación y la detención. Hoy están “confundidos” y “expectantes”. “Ahora actuás cuando hay in fraganti delito. Y para eso tenés que tener suerte”. Hoy las investigaciones están dirigidas por fiscales y la dirigente sindical apeló a las expresiones de Brenda Puppo, presidenta a su vez del gremio de Fiscales, quien dijo que cada turno tiene unos 800 casos pendientes. “Hay un atraso obvio en las resoluciones. Algo vas dejando atrás. Y esa gente que queda atrás puede seguir cometiendo delitos”.
Esto alimenta la sensación de impunidad de la población, sobre todo la que vive en las zonas más conflictivas, esas donde actúan las bandas delictivas, que muchas veces deja de ver al uniforme policial como un aliado. “Nos sentimos totalmente desprotegidos a la hora de actuar. Y como los vecinos al final ven que lastimar a un funcionario policial no se castiga, no se meten y no se ponen del lado legal. Eso es una cuestión lógica”, indica Ferreira.
Más allá de estar de acuerdo con lo dicho, a los gremios les llama la atención quién lo dijo: el “3” del Ministerio del Interior es el “1” de la Policía. Si bien llegar a la Dirección Nacional de Policía es el cargo más alto al que un oficial puede aspirar en su carrera policial, no deja de ser un cargo político.
“A nosotros nos sorprendió que alguien en su cargo saliera a decir públicamente algo que nosotros dijimos siempre. Se ve que se aburrió de decírselo al ministro…”, ironizó Álvarez. “Capaz que el ver morir a sus compañeros es parte de su sincericidio”, opinó Rodríguez. “Esperemos que no tenga consecuencias”.
