Ese fue uno de los temas planteados en reunión con la Dra Mariana Motta, presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que visitó la ciudad de Vergara, ubicada a unos 60 kilómetros de la capital olimareña, localidad cuya economía depende casi exclusivamente de la actividad arrocera que se desarrolla en la zona.
La reunión se concretó en horas de la tarde de este jueves 26 de abril y estuvieron presentes dos integrantes del equipo técnico que asesora al INDHH que acompañaron a la Dra Motta.
La situación de los trabajadores arroceros ya había sido planteada en una visita del mismo equipo del INDHH a la ciudad de Treinta y Tres, donde en diciembre de 2017 dos trabajadores presentaron su caso específico con diagnósticos médicos, a partir de lo que el instituto tomó cartas en el asunto y cursó una serie de oficios a autoridades competentes.
Según pudo saberse, entre las respuestas recibidas a esos pedidos de informes, el MSP habría constatado diversas irregularidades en el manejo de sustancias tóxicas por parte de trabajadores arroceros, lo que habría dado lugar a una serie de acciones tendientes a corregir esta situación. En el marco del seguimiento de tales acciones, se produjo esta segunda visita en la que el contacto fue con otros trabajadores preocupados por el mismo tema, los que expresaron su deseo de que el INDHH solicite para este sector agrícola, estudios de sangre periódicos a fin de detectar rastros de sustancias tóxicas y poder actuar tempranamente con un diagnóstico precoz de las enfermedades que estadísticamente tienen alta incidencia entre los operarios expuestos a los plaguicidas de uso tan extendido en las arroceras.
En Uruguay no se dispone de datos específicos, pero si los hay en argentina, donde estudios recientes indican por ejemplo, que mientras en el total de la población la incidencia del cáncer es de 217 cada 100.000 habitantes, en una muestra de 27 localidades estrechamente vinculadas a la producción agrícola con uso intensivo de agroquímicos, la tasa trepa a 397 cada 100.000 habitantes. (Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina)
No es descabellado suponer que algo similar a lo que ocurre en el vecino país podría estar ocurriendo en Uruguay, por lo que la preocupación de los trabajadores arroceros es absolutamente válida. Es de esperar que el INDHH le dé trámite a su solicitud y a corto plazo se instrumente una rutina de control de sangre y/orina, que documente la realidad respecto al impacto del uso de plaguicidas en la salud de los obreros arroceros.
Aníbal Terán Castromán
