“QEPD Aratirí”. Así se pronunció este miércoles el senador Luis Lacalle Pou, luego que el que el Poder Ejecutivo le confirmara que el “Proyecto Valentines”, el emprendimiento minero de gran porte de la multinacional Zamin Ferrous, uno de los buques insignia del gobierno de José Mujica, se cerró definitivamente.
Así sucedió a raíz de la que la minera de origen anglo-indio no pudiera presentar a otra firma capaz se seguir adelante con el proyecto.
“La presentación del nuevo interesado por parte de la minera Aratirí SA estuvo viciada de defectos que no fueron subsanados en tiempo y forma por la empresa”, dice la respuesta que el legislador nacionalista recibió por parte de la ministra de Industria, Carolina Cosse.
Eso impidió que la administración, sostiene la versión oficial, avanzar en las negociaciones, responsabilidad que el Ejecutivo trasladó a las empresas.
Cosse manifestó que el plazo para que la minera presentara un nuevo interesado era improrrogable y su vencimiento provocó la preclusión de toda posibilidad de firmar el Contrato de Minería de Gran Porte en relación al Proyecto Valentines.
La respuesta de la ministra a Lacalle Pou llegó casi tres años después de que, en agosto de 2015, el senador efectuara el pedido de informes.
Aratirí había presentado como sucesora a Invertexi, que resultó ser una sociedad anónima fantasma creada a los efectos por la propia Zamin al caducar, en julio de 2016, los permisos de explotación de los yacimientos de hierro en Valentines.
La minera había llegado al país en 2010, en los inicios del gobierno de Mujica, prometiendo una inversión de US$ 3000 millones, la más grande en la historia del país. La muerte del proyecto, de todas formas, no clausura la polémica en que siempre se vio envuelto.
Una subasta que, por orden judicial, liquidó el año pasado 3500 hectáreas de campo pertencientes a Zamin recaudó US$ 6,5 millones y no pudo igualar la deuda que la minera dejó por una hipoteca que había hecho ante una firma de corredores de bolsa locales que, ante la falta de pago, pidieron su ejecución.
La empresa también dejó al garete a 95 trabajadores a los que, a dos años del cese de actividades, aún les adeudaba el 60% de sus liquidaciones.
La deuda era de US$ 350 mil. Para eso fueron rematados diversos artículos que dejó atrás Aratirí, cuyo valor previo estaba lejos de alcanzar para saldarla. Entre ellos se contaban estanterías, casilleros de plástico, un grupo electrónico, balanzas digitales, una casa rodante, elevadores hidráulicos, orugas, una pluma de dos toneladas y una perforadora de suelos. Pero las deudas están lejos de ser lo único que el proyecto dejó en el país.
En julio del año pasado y por medio de un comunicaod, Aratirí anunció que llevaría al Estado uruguayo a un arbitraje internacional, bajo el argumento de que se incurrió en un incumplimiento de contrato en su contra.
Los inversores británicos de Zamin y sus subsidiarias iniciaron el litigio amparándose en el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido y Uruguay.
Según el comunicado, la base del reclamo es «la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores» que según la firma «es violatoria del Tratado internacional de protección a las inversiones entre el Reino Unido y la República Oriental del Uruguay».
En ese sentido Aratirí afirmó que «el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva», en relación a la ley de megaminería que fijó nuevos topes al negocio minero.
