El expresidente Lula Da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores que abrió la historia de la izquierda en el gobierno de Brasil ye inauguró la ola de gobiernos progresistas en América Latina, entrará hoy en una prisión de la Policía Federal en Curitiba, donde comenzará a cumplir una pena de 12 años de prisión por delitos de corrupción.
El fiscal Sérgio Moro ordenó que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva se entregue a más tardar el viernes a la hora 17 para iniciar su condena, al encontrarlo culpable de recibir un apartamento en el balneario de Guarujá como coima de parte de la empresa constructora OAS.
Moro, que lleva delante el juicio por corrupción contra el expresidente, tomó esa decisión luego de que en la madrugada del jueves el Supremo Tribunal Federal fallara por seis votos contra cinco en contra de un recurso de hábeas corpus que había pedido la defensa de Lula para evitar que fuera a prisión hasta que no terminaran todas las instancias judiciales del caso.
«En relación a Lula, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17h del día 6 de abril, cuando deberá cumplirse el mandamiento de prisión», escribió el magistrado.
Más temprano, informa OGlobo, el STF le había comunicado a Moro que se consideraba terminado el proceso de segunda instancia, lo que habilita el pedido de prisión inmediata, pese a que la defensa aún tenía derecho a algunas instancias formales que estirarían esa fecha hasta el 10 de abril. La jurisprudencia de la justicia brasileña indica que los condenados deben ir a prisión una vez cerrada la segunda instancia.
La defensa de Lula reaccionó con molestia ante la decisión del STF, de considerar terminada la segunda instancia. «Están contrariando la propia decisión del tribunal del día 24, cuando los tres desembargadores determinaron que la prisión sólo podría suceder después de agotada toda la tramitación en segunda instancia. Estamos dentro del plazo. Todavía tenemos los embargos de embargos y la posibilidad de recursos extraordinarios al STJ y extraordinario al STF», dijo Zanin.
Desde el entorno de Lula se informó que se entregará sobre la hora 17:30. Además, se pidió a sus seguidores no resistir la orden de la justicia, luego que algunos dirigentes de segundo nivel dejaran entrever la posibilidad de una resistencia, con el peligro que eso acarrearía de incidentes violentos.
Implicado en otros seis procesos judiciales, el exmandatario niega todas las acusaciones y las considera parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder después de haber dejado el cargo en 2010 como el presidente más popular de la historia reciente de Brasil.
La principal prueba que usó Moro para condenar a Lula fue la delación de Leo Pinheiro, expresidente de OAS, quien aseguró que la empresa le había regalado el apartamento en Guarujá a Lula como coima. La defensa sostiene que no hay un solo documento que pruebe eso.
A pesar de todo esto, Lula podría recuperar la libertad en unos meses gracias al mismo tribunal que le abrió las puertas de la prisión.
Es que el recurso de hábeas corpus alegaba que, de acuerdo a la Constitución brasileña, una persona no puede ir a la cárcel hasta tanto se agoten todas las apelaciones posibles, que en el caso de Lula llevan todavía a dos tribunales superiores, uno de ellos el propio Supremo.
En una ajustada decisión, los magistrados de la Corte Suprema optaron por seguir la jurisprudencia que ellos mismos establecieron en 2016 y por seis votos frente a cinco ratificaron que la ejecución de una pena puede comenzar tras ser confirmada en segunda instancia.
De esa manera, por una cuestión de trámites judiciales, la orden de encarcelamiento de Lula puede ser dictada a fines de este mismo mes, aunque la votación que negó el «habeas corpus» dejó abierta una rendija que en unos meses pudiera devolverle la libertad.
La clave está en la magistrada Rosa Weber, la única de los once miembros del Supremo cuyo voto estaba en duda en la audiencia de este miércoles y que acabó por inclinar la balanza contra Lula.
En su exposición de motivos, Weber dijo que, desde lo «personal», respaldaba la tesis de la defensa de Lula, pero que por su «respeto al colegiado» y por la decisión adoptada en 2016 por la corte no podía más que rechazar el recurso.
Sin embargo, dijo que pudiera revisar su voto si en un futuro se analizara el tema desde la óptica de una «repercusión general», que beneficiaría a todos los condenados en la misma situación de Lula.
Hace un par de meses, organizaciones de la sociedad civil afines a Lula pidieron al Supremo que revisara la validez de la prisión tras la segunda instancia con carácter general, pero la presidenta de la corte, Carmen Lucia Antunes, hasta el momento no ha pautado la discusión.
En medio del acalorado debate del «habeas corpus» de Lula, los magistrados Marco Aurelio Mello y Ricardo Lewandowski, que votaron por aceptar el recurso, recriminaron a Antunes por esa «omisión» y afirmaron que el resultado sería otro si el tema se hubiera tratado en forma general, y no en el caso específico del exmandatario.
Cuando concluyó la sesión, Mello aseguró que la decisión adoptada era «temporal», porque el tema «será planteado nuevamente», así sea cuando acabe el período de Antunes en la presidencia del tribunal, en septiembre próximo.
Antunes será sucedida por José Antonio Dias Toffoli, quien este miércoles se pronunció por acatar el recurso en favor de Lula, lo cual sugiere que sería más receptivo a esa revisión.
De ese modo, analistas jurídicos consideran que la decisión que mantiene la segunda instancia como el límite para un encarcelamiento sería derrumbada si prosperan las presiones contra Antunes o, en su defecto, una vez que Dias Toffoli asuma la presidencia de la corte.
Si así fuera, de ello pudieran beneficiarse tanto Lula como otros 77 políticos y empresarios ya en prisión por su participación en las redes de corrupción descubiertas a partir de Petrobras, que sólo volverían a la cárcel una vez agotados todos los amparos posibles.
En medios políticos de Brasilia se asegura que eso es respaldado por casi todos los partidos, en su mayoría implicados en la trama de la petrolera.
Uno de los principales obstáculos para esa posible revisión es la fiscal general, Raquel Dodge, quien ha anticipado un firme rechazo a una alteración de las normas actuales.
Dodge declaró esta semana que la decisión de 2016 «acabó con la sensación de impunidad y con el descrédito de la Justicia», toda vez que impide las «exageraciones revisoras» que «aniquilan el sistema» judicial, pues muchas veces favorecen la prescripción y amparan así a los corruptos, que llegan a pasar décadas apelando una sentencia.
Según la fiscal general, «una Justicia que tarda es una Justicia que falla» y los análisis de las pruebas que llevan a una condena se dan sólo en las dos primeras instancias, cuyos fallos no pueden ser puestos en duda por «recursos procesales».
