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Los sospechas sobre maniobras fraudulentas en ASSE se profundizan: una investigación policial señala que en el Hospital de Bella Unión hubo traslados en ambulancias «de personas que no existen», informa Búsqueda.
El informe policial fue entregado en las últimas horas al fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco. El período investigado fue 2017.
El origen de la investigación estaba enfocado en el contrato de una empresa privada de ambulancias cuyos propietarios son directores de hospitales públicos.
Ellos son los médicos Federico Eguren (director del Hospital Pereira Rossell), Rodrigo Barcelona (director del centro pediátrico del Pereira Rossell) y Mario García (director del Hospital de Salto).
La defensa de los indagados está a cargo de Cecilia Salom, del estudio del exsecretario de Presidencia, Gonzalo Fernández.
Mantener el vínculo como jerarcas del Estado al mismo tiempo que ofrecían servicios privados era una de las acusaciones.
Las autoridades de ASSE del momento desoyeron las advertencias sobre un posible conflicto de interés público y privado.
Ahora se sabe que Siemm hizo traslados que no se ajustan al objeto de la licitación, facturó el IVA por duplicado en la mayoría de las órdenes y cobró por el traslado de personas !que no existen».
Las cédulas de identidad que surgen de las boletas no figuran en el registro de la Dirección Nacional de Registro Civil.
Siemm se inauguró en 2013, pero comenzó a gestarse dos años antes. En esa época los tres socios comenzaron a recabar información para abrir una empresa.
García era director del Hospital de Bella Unión cuando se contrató el servicio privado de ambulancias.
Fue el propio Garcia quien alertó a sus superiores del posible conflicto de interés público y privado.
Según Búsqueda no hubo reacción de la entonces presidenta de ASSE Beatriz Silva, ni de la entonces ministra de Salud, Susana Muñiz. Incluso ambas estuvieron en la inauguración del servicio.
Durante la indagatoria Muñiz explicó que fue a decenas de inauguraciones en esa época sin que por ello tuviese alguna vinculación con los hechos.
El investigador que firma el informe refuta esta afirmación señalando que de todas las inauguraciones de las que participó la exministra la de Bella Unión fue la única que no tuvo carácter público.
La irregularidad de la contratación se terminó confirmando en noviembre de 2013, meses después de aquel evento en el que participaron Muñiz y Silva.
Dos auditores concluyeron que Siemm no estaba en condiciones para ser contratada, debido a que uno de los directores era la autoridad hospitalaria.
En junio de 2013, un mes después de firmarse el contrato, García cedió su parte, se desligó formalmente, pero mantenía una «relación informal» con el servicio.
Lo admitió ante el Parlamento el entonces gerente de ASSE Richard Millán. En defensa de García dijo que «no se escondió» y las «autoridades lo avalaron». «Él aviso, no sé si es un atenuante. No soy jurista», comentó.
Los auditores recomendaron que se hiciese un arbitraje con un técnico independiente.
Recién en 2015 ASSE puso en práctica una investigación administrativa. Durante ese tiempo Siemm siguió vendiendo sus servicios al Hospital de Bella Unión.
El resultado de la investigación concluyó con una amonestación verbal a García.
Siemm siguió trabajando hasta 2016 hasta que ASSE decidió suspender el contrato y enviar flota propia a Bella Unión.
Desde entonces bajó significativamente la demanda de ambulancias.
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