El gobierno difundió información pública en forma no adecuada y podría, con su acción, provocar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los derechos a la libertad de opinión e información y el derecho a la protesta pacífica.
Estas fueron parte de las conclusiones a las que arribó la Institucion Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) acerca de la denuncia presentada por Gabriel Arrieta, el colono que a fines de febrero mantuvo un enfrentamiento público con el presidente Tabaré Vázquez en la puerta del Ministerio de Ganadería.
La demanda había sido introducida luego que, un día después de ese hecho, Presidencia divulgara en su página web información en que la se afirmaba que Arrieta era un «ocupante de tierras» y que jamás pagó por el uso del predio que usufructuaba en el Instituto Nacional de Colonización (INC).
Para la INDDHH, lo del gobierno configura una conducta que constituye un apartamiento por parte del Estado uruguayo de sus obligaciones de promoción, protección y defensa de esos derechos, consagrados en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de Convenciones y Pactos internacionales.
En base a eso, la institución resolvió recomendarle al Poder Ejecutivo que se retire de «inmediato» de su página web el comunicado donde hizo referencia a Arrieta y, a su vez, publicar las conclusiones de la institución sobre el caso.
En sus consideraciones, a las que accedió ECOS, el organismo señaló su preocupación por el hecho de que se usara un medio oficial para identificar a una persona que mantuvo un entredicho con el presidente en el marco de una protesta pública. En ese marco, se sostuvo que el comunicado de Presidencia no abordó elementos que intentaran absolver al presidente de las acusaciones de las que fue objeto. «Por el contrario, la información fue difundida con el objetivo de generar opinión pública sobre una persona que lo criticó públicamente», se señaló.
El dictamen afirma que los funcionarios públicos, por su condición, se han expuesto voluntariamente a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Por tanto, «deben ser más tolerantes con la crítica» en aras del control social necesario para un eficiente y necesario ejercicio de los poderes del Estado.
En ese sentido, la utilización de la web de Presidencia para la difusión de datos de una persona que critica públicamente al gobierno «no es el medio adecuado para defender la investidura o la persona del presidente de la República», se afirmó.
De convertirse en una práctica habitual, se afirmó que resultaría una «amenaza a la libertad de manifestar opiniones contrarias al gobierno, limitando así la participación activa en el debate democrático».
Con todo, el organismo consideró que Arrieta no fue vulnerado en su derecho a la protección de sus datos personales. «La información difundida es de carácter público», subrayó el dictamen. «El Estado tiene el deber de informar y publicar los datos necesarios que permitan saber cómo se administran los recursos públicos».
Conocer a los deudores ante el INC es, por tanto, información pública que debe ser de libre acceso. Apelando a una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se afirmó que «las leyes de privacidad no deben restringir ni inhibir la difusión de información de interés público».
La institución se excusó en analizar si lo afirmado por el gobierno con respecto a Arrieta constituían «mentiras y verdades a medias», como afirmó el colono, al entender que no le compete indagar sobre si lo difundido por Presidencia es correcto.
Los descargos oficiales ante la institución corrieron por cuenta del secretario de Presidencia, Miguel Toma. El jerarca señaló que, teniendo en cuenta que Arrieta trató de «mentiroso» al presidente, » a fin de calibrar la ofensa y despejarla, se entendió oportuno aclarar la condición del ofensor para que la ciudadanía sacara sus propias conclusiones».
Presidencia aclaró que los datos del colono difundidos el 20 de febrero fueron obtenidos de fuentes públicas, entre ellas el Instituto Nacional de Colonización y una versión taquigráfica de una comisión del Parlamento, en la que Arrieta reconoció su calidad de «ocupante» de tierras de ese instituto y admite que no tiene la condición de colono.
Toma dijo entender que el comunicado del Poder Ejecutivo «no vulneró ninguno de los derechos» de este ciudadano, por lo que a su juicio «no corresponde» que la INDDHH continúe con los procedimientos.
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