Tres de los cinco ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) tienen a sus hijas trabajando como asesoras.
José Echeveste y Eduardo Vázquez contrataron a sus hijas directamente mientras que Alfredo Gómez realizó un pase en comisión de su hija que es funcionaria judicial, según informó el diario El Observador.
Las mujeres son todas abogadas y ganan entre $90.000 y $112.000. Los ministros del TCA cobran entre $166.882 y $223.201 (a valores de 2016), dependiendo de si cobran partida para vivienda y partida académica.
Estos casos, en el organismo encargado de controlar la legalidad de actos del Estado, van en contra del decreto que establece las normas de conducta de la función pública y prohíbe que el jerarca de una repartición estatal tenga vínculos familiares con sus subalternos.
El artículo 35 del decreto prohíbe «la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad (hermanos, abuelos y nietos, padres políticos y cónyuge de la hija o hijo) o por ser su cónyuge».
La Asociación de Funcionarios Judiciales denunció que se estaba formando una «gran familia judicial», y señalaron que se repetían los apellidos, incluyendo hijos de quien en aquel momento era presidente, Jorge Ruibal. Sin embargo, el presidente respondió que no solo la Constitución lo permite sino que además «el ingreso por concurso no es bueno». «Es mejor el sistema actual porque del otro modo no se puede conocer al aspirante, lo que sí se permite con la designación directa», argumentó, según informó Montevideo Portal.
