Cuando terminó de cursar cuarto de escuela, en diciembre pasado, el colegio entendió que la niña no estaba en condiciones de pasar de año. Pero los padres no estuvieron de acuerdo, acudieron a la Justicia y el juez les dio la razón.
Aunque el equipo técnico del colegio Santa María —más conocido como Los Maristas de 8 de Octubre— ya les venía advirtiendo a los padres sobre el bajo rendimiento de la chica, esos llamados de atención no fueron suficientes para ellos. No quedaron conformes con la decisión, entendieron que su hija debía seguir con sus compañeritos y que, en todo caso, a esta altura de Primaria no tenía sentido dejarla repetidora.
Es uno de esos casos inéditos y que sienta un precedente que atemoriza a las autoridades de Primaria. «Preocupa que exista un ámbito jurisdiccional que adopta decisiones que avasallan la especialidad técnica del ente autónomo», explicó el consejero Héctor Florit.
Es que la Inspección de Privados, el órgano de Primaria que hace el seguimiento de los colegios habilitados, avaló el accionar del centro educativo. La inspectora defendió la decisión técnica y, además, notó que «el colegio tuvo un equipo psicopedagógico muy potente que acompañó a la niña».
Para los padres, sin embargo, la decisión del colegio era contraria a una resolución que adoptó Primaria en noviembre. Trata de aquella en que se sugiere la repetición por ciclos (al término de tercero o sexto) y en que se pide que la no promoción sea «extraordinaria».
El juez Gerardo Álvarez, que en los días previos a Navidad estaba suplantando a la magistrada de Familia de 20° Turno, entendió que los derechos de la niña estaban siendo quebrantados y dio lugar al recurso de amparo.
Que sea un amparo, «que se maneja en situaciones extremas», es aún más insólito, dijo Florit. «La familia no había agotado siquiera la vía administrativa», señaló y citó que el Consejo de Primaria jamás recibió «una petición» para que se reviese la postura del colegio.
Esta semana el colegio apeló el fallo. Parte del alegato, que es compartido por Primaria, se basa en la ley de Educación. En ella se establece que son los consejos de la educación los que supervisan los cursos y fiscalizan a los institutos, pero no un juez de turno.
Las autoridades del colegio no quieren hacer declaraciones «hasta que termine el proceso judicial». Algunos de sus colegas, que prefirieron no ser identificados, temen que se esté «judicializando la educación».
La repetición en cuarto de escuela es rara y cuando se llega a una decisión de ese tipo, según las autoridades, «hay suficiente justificación».
Solo el 7% de los alumnos de cuarto de escuelas públicas no pasaron de año al término de 2016; y en los privados menos del 2%.
Que los padres pidan que su hija pase de año, cuando son las propias escuelas las que están eliminando la repetición, hace más insólito el episodio. Y en todo caso, tira por la borda aquel mito de que en los colegios privados uno paga para conseguir el título.
«Los colegios privados están sujetos a la inspección, como cualquier centro público», explicó el consejero Florit. Las tasas diferenciales de repetición «tienen más que ver con el nivel socioeconómico que con una actitud tolerante impulsada por intereses comerciales».
Según el consejero Pablo Caggiani, «las escuelas privadas tienen menos alumnos por grupo y más docentes a cargo; eso les permite hacer un seguimiento más detenido para identificar las dificultades». Y explicó: «La repetición no es una cosa que los docentes planteen como primer recurso, sino que es una forma de garantizarle al niño unos aprendizajes que no ha logrado».
Pero para que el niño logre los aprendizajes, insistió Caggiani, «no se le puede dar más de lo mismo». Por eso sugirió que se adopten medidas individuales, que sigan el caso.
Los padres ya determinaron que la niña se cambie de escuela, aunque seguirán adelante el proceso judicial.
