El Ejército le solicitó al gobierno una ley que genere un marco legal para la actuación de los soldados que están apostados en la frontera, incluyendo la potestad de hacer detenciones, pero el Poder Ejecutivo contestó con un decreto que no recoge ese pedido.
Es así que el Ejecutivo encomendó a las Fuerzas Armadas, en un decreto del 8 de enero, la realización de «tareas de vigilancia en apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia, con la finalidad de preservar la soberanía y la independencia del país», informó La República este lunes. Las tareas tienen el objetivo de prevenir «amenazas que afecten la integridad del territorio y sus recursos estratégicos», detalla el decreto que no agrega nada nuevo a las tareas que ya cumplen los militares.
El decreto dice que las Fuerzas Armadas realizarán patrullajes y tareas de control «con la participación preceptiva» de otras dependencias de la administración con competencia, tales como el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Aduanas.
El decreto del Ejecutivo nada dice del pedido del Ejército para poder detener gente en las zonas de frontera. «No salió la redacción que pretendíamos», dijo a El Observador un informante de la fuerza de tierra.
El Ejército procuraba que ante la constatación de un ilícito o irregularidad, las tropas apostadas en los pasos de frontera tuvieran la capacidad de hacer un arresto hasta que interviniera la autoridad competente.
La fuerza de tierra pretendía tener «potestades totales» en la frontera –y en un margen de diez kilómetros dentro del territorio nacional- de forma similar a la jurisdicción que tienen las Fuerzas Armadas de Brasil en las franjas de frontera. Los militares esperaban por una ley que ampliara sus funciones en ese sentido y los amparara para actuar en caso de ser necesario.
El decreto del Ejecutivo establece, sin embargo, que «en caso de detectar una presunta irregularidad o ilícito» la actuación de las Fuerzas Armadas «se limitará a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente». Es decir: no contempla la posibilidad de que el Ejército haga detenciones.
Fuentes militares dijeron a El Observador que la solicitud de la aprobación de ley se inscribía dentro del plan global de «mejora de la vigilancia» de las fronteras, sobre todo con Brasil, con miras a incrementar la capacidad disuasoria del Estado contra el terrorismo y el crimen internacional.
La coordinación de los Servicios de Inteligencia que dependen del Poder Ejecutivo recomendó al gobierno el año pasado mejorar los controles para evitar que terroristas y delincuentes internacionales se camuflen dentro de la creciente ola migratoria que recibe el país. Las fuentes precisaron que, en el pasado, algunas comunidades instaladas en Uruguay ya ofrecieron resguardo a individuos radicalizados que buscaban un tiempo de «descanso».
El antecedente más reciente ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Río en 2016, cuando quisieron viajar a Uruguay una decena de personas provenientes de distintos países de Medio Oriente con el objetivo último de cruzar la frontera seca hacia el país norteño. Sin embargo, la cooperación de Inteligencia entre los dos países permitió que las autoridades uruguayas les negaran la visa y les impidieran viajar.
La llegada a Buenos Aires en noviembre de este año de los 20 jefes de Estado más importantes del mundo pone en alerta a la región.
La realización de este evento de gran magnitud preocupa al gobierno argentino y por eso está trabajando desde hace varios meses en los arreglos de seguridad internos. La situación de vulnerabilidad que ofrecen algunos países de la región, entre ellos Uruguay, es otros de los puntos que las autoridades argentinas siguen con atención.
Para el gobierno de Macri es fundamental asegurar que Uruguay no sea un lugar de paso y refugio para personas que tengan intenciones violentas.
El tema está en la agenda del gobierno uruguayo desde hace varios meses y fue abordado por los múltiples organismos nacionales que cooperan en materia de inteligencia. El asunto es objeto de examen del Consejo de Defensa Nacional (Codena), un organismo de carácter interministerial que tiene por objetivo «analizar las amenazas que pudieran poner en riesgo la soberanía e independencia» del país, según establece la ley marco de Defensa Nacional.
El objetivo fundamental es poder prevenir situaciones violentas y para ello se piensa en la disuasión. Se trata de hacerle saber de antemano al «enemigo» que los costos de su acción serán mayores que los beneficios.
Sin embargo, al día de hoy las Fuerzas Armadas tienen comprometida su capacidad disuasoria en función de los escasos recursos materiales con los que cuentan, sobre todo la Armada y las Fuerza Aérea.
A pesar de la recomendación que hizo el director de Antiterrorismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jean Paul Laborde, durante su última visita a Montevideo en marzo de este año para que se apruebe el proyecto de ley de lucha contra el terrorismo, la iniciativa sigue congelada en el Parlamento. La propuesta busca adecuar la realidad del país a las nuevas exigencias internacionales en materia de terrorismo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
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