La fiscalía solicitó a un tribunal de Corea del Sur que extienda a 12 años la condena a prisión del heredero de la familia que controla Samsung, Jay Y. Lee, en una apelación de su condena a cinco años por la acusación de entregar sobornos para hacerse con un mayor control de la empresa más grande del país.
Lee, de 49 años, es el empresario de más alto perfil envuelto en un escándalo por tráfico de influencias que este año provocó la destitución de la presidenta Park Geun-hye. En agosto, un tribunal de Seúl condenó al vicepresidente de Samsung por darle caballos pura sangre a una amiga de Park con la esperanza de que lo ayudara a conseguir el apoyo del Gobierno para ascender a la cima de la empresa.
En agosto, los fiscales habían pedido 12 años para Lee y dijeron que esa pena ayudaría a «afirmar el Estado de derecho» en un país donde los lazos entre el Gobierno y las empresas quedaron nuevamente bajo la lupa desde que estalló el escándalo el año pasado. Lee apelará la sentencia original y negó haber cometido un delito; dijo que nunca buscó echar a su padre hospitalizado de la presidencia de Samsung.
«El control y la riqueza de Lee en Samsung no son sino resultado de sobornos», dijo el fiscal especial Park Young-soo al exigir la condena. «La gente quiere que los ‘chaebol’ [grandes empresas familiares] ya no tengan más los privilegios de gobernar la República de Corea junto a los políticos».
El juicio original, que duró seis meses, se concentró en una fusión entre dos subsidiarias de Samsung realizada en 2015, con la cual Lee obtuvo más acciones en Samsung C&T, una de las principales accionistas de Samsung Electronics. Los fiscales sostienen que Lee conocía la relación secreta entre Park y su amiga y la usó para asegurarse de que le aprobaran la transacción para poder controlar más firmemente el conglomerado de Samsung sin tener que pagar miles de millones de dólares en impuestos a la herencia.
Pese a la oposición del inversor Paul Elliott Singer, se aprobó el acuerdo tras obtenerse el apoyo del Servicio Nacional de Pensiones, uno de los principales accionistas, de carácter estatal. Moon Hyung-pyo, su presidente en aquel entonces, fue condenado a dos años y medio de prisión por presionar al fondo jubilatorio para que apoyara la fusión.
En el sistema judicial surcoreano, los fiscales exigen una condena antes del fallo, que en este caso se anticipa para enero. Un panel de tres jueces decidirá sobre el tema; no se llamó a un jurado. Los abogados de Lee dicen que la apelación es «básicamente la última etapa», con lo cual insinúan que tal vez no lleven el caso a la Corte Suprema.
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