Trabajadores estatales en Venezuela recibieron llamadas telefónicas, presión de sus jefes y amenazas de despido para asegurarse de que voten el domingo para elegir a los miembros de una polémica Asamblea Constituyente, que promueve el presidente Nicolás Maduro.
El mandatario socialista avanza con el plan de crear el poderoso organismo pese a cuatro meses de protestas en la rica nación petrolera, que sufre de escasez de alimentos y medicinas, una inflación galopante y fuerte delincuencia.
Maduro dice que la Asamblea Constituyente de 545 asientos, con poder para disolver los poderes públicos, superará la «insurrección armada» para traer paz a Venezuela, mientras que sus adversarios afirman que busca cimentar una dictadura.
Con sondeos que muestran un rechazo del 70% a la Asamblea, el Gobierno quiere evitar una participación vergonzosamente baja en los comicios boicoteados por la oposición.
La presión sobre los empleados públicos es mayor que nunca, según entrevistas con trabajadores de dos docenas de instituciones que van desde la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) al Metro de Caracas, así como mensajes de texto, comunicados internos y videos vistos por Reuters.
«Cualquier director, superintendente y el supervisor que trata de bloquear la Asamblea Constituyente, que no vota o sus colaboradores no vota, debe dejar su puesto de trabajo el lunes», dijo el vicepresidente de PDVSA Nelson Ferrer, durante una reunión con los trabajadores esta semana, según un resumen que circula dentro de la empresa y visto por Reuters.
En un video de un mitin político en PDVSA, un representante de una empresa no identificada y vestido con camiseta roja gritaba por un micrófono que los empleados que no voten serán despedidos.
«Nosotros no estamos jugando», exclamó.
Los trabajadores detallan las presiones: mensajes de texto cada 30 minutos, llamadas telefónicas, reuniones políticas obligatorias durante el trabajo, pedido que cada trabajador reclute a otros 10 para votar u órdenes de informar a una «sala situacional» tras sufragar.
Es difícil estimar cuántos de los 2,8 millones de trabajadores estatales votarán, pero buena parte de los entrevistados dijeron que una mayoría significativa probablemente lo hará, ya sea por lealtad o por temor.
Algunos venezolanos también dijeron que agentes del Partido Socialista habían amenazado con dejar de distribuir bolsas de alimentos subvencionadas a quienes no voten.
«He visto un río de gente llorando por la impotencia de no saber qué hacer. Hay mucho miedo», dijo un empleado de PDVSA, quien pidió permanecer en el anonimato para evitar represalias.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentario. PDVSA tampoco respondió sobre los alegatos de Ferrer o presiones más amplias.
¿VOTAR O NO VOTAR?
Tras un fallido golpe de Estado en 2002 y una huelga que culminó a inicios del 2003 contra el fallecido presidente Hugo Chávez, aumentó el número de simpatizantes contratados en las instituciones que defendían el «socialismo del siglo XXI».
Críticos dicen que los operarios no calificados han hundido la industria petrolera y estimulado una fuga de cerebros.
Bajo el sucesor menos carismático de Chávez, Maduro, el bolívar se desplomó, debilitando los salarios a el equivalente a pocas decenas de dólares al mes, fomentando el descontento.
Pero, con el país de 30 millones de habitantes sumergido en su cuarto año consecutivo de recesión, muchos empleados se aferran a sus puestos debido a los seguros de salud, alimentos subsidiados o la falta de otros puestos de trabajo.
«Mi mamá está enferma, mi esposa embarazada, si pierdo mi empleo quedo peor que como estoy. A juro tengo que ir a votar», dijo un trabajador de la siderúrgica venezolana Sidor.
Otros trabajadores decidieron no hacer caso a la presión y algunos apuestan a que sus jefes serán indulgentes, mientras otros dicen tener información comprometedora sobre corrupción o irregularidades que podrían protegerlos de despidos.
Un puñado de ellos dice que están dispuestos a arriesgar sus puestos de trabajo para oponerse a Maduro.
«Estamos cansados de trabajar y trabajar y no podemos ahorrar, no hemos podido cambiar el carro, remodelar la casita», dijo la directora de una escuela pública.
«Acordamos asumir todas consecuencias», agregó. (Reporte de Alexandra Ulmer, con reporte adicional Mircely Guanipa en Punto Fijo, María Ramírez en Puerto Ordaz, Anggy Polanco en San Cristóbal, Deisy Buitrago y Andrew Cawthorne en Caracas.; Editado en español por Javier López de Lérida)
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