Uruguay suma un nuevo cierre favorable en arbitrajes internacionales: finaliza el proceso con ATCO sin pagar indemnización
El Gobierno de Uruguay y la empresa ATCO acordaron el fin del arbitraje internacional promovido en el año 2024 por la compañía ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en el que reclamaba al Estado uruguayo una indemnización estimada en 240 millones de dólares.
La decisión fue informada por el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, quien destacó que el acuerdo alcanzado permite concluir el procedimiento arbitral sin que Uruguay deba pagar indemnización alguna ni asumir obligaciones económicas frente a la empresa.
La controversia se había iniciado en abril de 2024, cuando ATCO presentó una solicitud de arbitraje contra Uruguay, al amparo del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados y del Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para el Fomento y la Protección de las Inversiones, suscrito el 29 de octubre de 1997.
En el marco del acuerdo alcanzado, las partes resolvieron dar por terminado el arbitraje, mientras que ATCO renunció de manera irrevocable a todas las pretensiones, acciones y reclamaciones que había presentado contra el Estado uruguayo.
El acuerdo establece expresamente que:
- Ninguna de las partes reconoce responsabilidad alguna en relación con el arbitraje.
- Ninguna de las partes asume la obligación de compensar económicamente a la otra.
- Uruguay no ha otorgado beneficios ni contraprestaciones a ATCO ni a Montecon.
Un nuevo avance en la defensa de los intereses del Estado
El cierre del arbitraje con ATCO se suma al cierre del procedimiento internacional promovido por Neltume contra Uruguay, constituyen dos antecedentes relevantes en materia de defensa de los intereses nacionales ante controversias internacionales de inversión.
Ambos resultados evidencian la importancia de una estrategia jurídica orientada a la protección de los intereses del Estado y de los recursos públicos, así como a la búsqueda de soluciones que permitan resolver controversias internacionales sin comprometer económicamente al país.
De esta manera, Uruguay pone fin a un nuevo litigio internacional de relevancia económica, sin pagar indemnizaciones ni otorgar beneficios o contraprestaciones a las empresas involucradas.
Fuente: Presidencia.
