Uruguay obtiene fallo favorable en la mayor demanda arbitral de su historia
La Presidencia de la República recibió la comunicación del fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones de París, que ratifica de manera definitiva el laudo arbitral a favor del Estado uruguayo y desestima las pretensiones de la empresa minera Aratirí.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que en 2018, los titulares de un fideicomiso propiedad de Aratirí iniciaron un arbitraje contra la República Oriental del Uruguay por 3.536 millones de dólares, lo que constituyó la mayor demanda económica enfrentada por el país.
En 2020, el Estado efectuó una defensa en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), organismo que falló a favor de Uruguay.
Tras una apelación desarrollada por los demandantes, en 2023 el Tribunal de Apelaciones de París anuló el acto. Con este resultado, Uruguay recurrió a la Corte de Casación de Francia solicitando la revocación. En 2025, esta institución revocó el fallo y reenvió el caso a otro tribunal.
A partir del cambio de Gobierno, Uruguay modificó su estrategia de defensa, contrató nuevos expertos y cambió de estudio jurídico. El miércoles 28 de octubre, el Tribunal de Apelaciones de París volvió a fallar a favor de Uruguay y mantuvo el laudo arbitral que había descartado la pretensión de Aratirí.
Impacto económico directo
El fallo genera consecuencias económicas concretas para el país, explicó Díaz. En primer lugar se torna ejecutable el cobro de unos 4.500.000 dólares a los demandantes por concepto de costas y costos. Además, se impone una sanción adicional en costas por un valor de 300.000 dólares.
Certeza jurídica y garantías de inversión
Díaz remarcó que el fallo muestra la seriedad en la defensa del interés nacional ante demandas internacionales en litigios arbitrales. En ese sentido, destacó que esto significa una demostración de que Uruguay es un país que brinda certezas jurídicas y respeta los contratos.
Añadió que este caso se suma a otras instancias, como la negociación con Neltume Ports, en el que se dejó sin efecto otro laudo por 350 millones de dólares, y a la negociación que se lleva adelante con el grupo canadiense ATCO, accionista de Montecon.
Fuente: Presidencia.
