
Las cifras son contundentes. Según datos divulgados recientemente, la Intendencia de Montevideo destinó en 2023 más de 300 millones de pesos a TV Ciudad, pero su recaudación por publicidad apenas superó los 10 millones ese año. Es decir, no llega ni al 3% del presupuesto que devora. Si faltara poco, el grueso de la pauta publicitaria proviene de “clientes” tan neutros e independientes como… sindicatos alineados con el Frente Amplio: Fenapes, Adur, Fucvam, etc.
En los papeles, la Intendencia justifica este medio como “televisión pública para los montevideanos,” con programación cultural, informativa y de interés general. Sin embargo, la línea editorial evidencia una inclinación descarada hacia la narrativa del Frente Amplio. No hay nada de malo en que un gobierno impulse un canal cultural, pero cuando ese canal termina convertido en un megáfono partidario, la cuestión cambia. Y si, encima, demanda cientos de millones de pesos anuales, uno se pregunta hasta qué punto es legítimo que los contribuyentes financien ese suculento gasto.
El canal se jacta de un auge en la pauta publicitaria. Para 2024, aseguran haber recaudado $15 millones, cuando en 2020 apenas llegaban a $3 millones, quintuplicando ingresos. Lo que omiten es el contexto: esos $15 millones no cubren ni un tercio de la masa salarial. Ni hablemos de la factura total de $304 millones en un solo año. Y ahí es donde entra la falacia de la “autofinanciación.” Alegan que con la publicidad se compensa, pero los números cantan otra historia: no cubren ni una mínima parte.
Mario Bergara, candidato favorito a la Intendencia de Montevideo, sugiere que la solución es profundizar la dimensión comercial, aumentar la venta de publicidad y la actividad comercial. Pero, ¿acaso un canal municipal —financiado en su mayoría por los montevideanos— se debe volcar al mercado publicitario masivo y competir con medios privados? ¿O se convertirá, más bien, en una agencia de propaganda disfrazada de tele pública, vendiendo espacios a socios afines? Hasta ahora, el grueso de la pauta la compran organizaciones y empresas con lazos ideológicos o vinculadas al sector público.
Por supuesto, la dirección del canal dirá que está “abierta a todos los auspiciantes” y que hasta un par de privados como Montevideo Shopping o Ta-Ta pusieron publicidad. Sin embargo, esos casos parecen más la excepción que la norma, y la mayor parte de las tandas las ocupan entes públicos e intendencias. En buen criollo: se mueven dineros del Estado para publicitar en un canal estatal.
Cualquier ciudadano de a pie se pregunta: “¿Es este el mejor destino para mis impuestos?” Difícil sostenerlo. Ante esa pregunta, la única respuesta del Frente es un “no tocar, no cerrar, y aplaudir”…
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