Un juez mexicano suspendió el proceso judicial en contra de un hombre que abusó sexualmente de su hija de tres años en el estado de Jalisco, después de que el agresor pagó una multa económica de 1.900 dólares. La polémica decisión del magistrado, que no atendió los peritajes que comprobaron la agresión en contra de la menor, despertó críticas y retrató algunas irregularidades del sistema de justicia.
En septiembre de 2020, Hanna, de tres años, se despertó llorando y con dolor en su casa. La menor le contó a su madre lo que su padre le había hecho durante una visita.
Por ello, la madre acudió a Ciudad Niñez —como se le conoce a las instalaciones que albergan distintas áreas de las autoridades para proteger a los menores que han sido violentados— para denunciar a su expareja por violencia sexual infantil.
El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el delito de abuso sexual infantil por tocamientos. Con la denuncia se realizaron entrevistas y peritajes a Hanna, en donde se comprobó que la menor «había sido abusada sexualmente por su papá en varias ocasiones y que, además, existió la cópula», según explicó al medio periodístico Zona Docs la abogada Andrea Cervantes, quien forma parte de la defensa de Hanna.
El padre de Hanna se ausentó de las primeras tres audiencias y su defensa logró demorar el desarrollo del juicio.
Cuando el equipo de abogados de Hanna solicitó a la justicia que reclasificara el delito por el que se buscaba imputar al padre, para pasar de abuso sexual por tocamientos al delito de abuso sexual infantil en modalidad equiparada por cópula, el juez José Jasso Méndez, del Juzgado Quinto de Enjuiciamiento y Juicio Oral de Tonalá, se negó a la petición sin pronunciar la razón.
El padre de Hanna fue vinculado a proceso por abuso sexual por tocamientos, un delito que ameritaba prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la defensa del agresor solicitó la suspensión condicional del proceso.
El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla salidas alternas a la cárcel cuando se trata de un delito menor. Sin embargo, el abuso sexual infantil no es un delito menor. Pese a ello, la defensa del padre de Hanna ofreció un pago de 38.400 pesos (unos 1.900 dólares) en concepto de reparación del daño y el juez Jasso Méndez concedió la petición, dejando al agresor en libertad.
Cervantes cuestionó que la orden de suspender el proceso fue dictada sin considerar que la defensa de Hanna se opuso a esta suspensión condicional.
«Lo que nos parece de lo más grave (es que) con esta modalidad Hanna jamás va a poder ser reparada», apuntó la abogada. «Desde el derecho a la verdad hasta la garantía de no repetición, la satisfacción, la compensación, que no solo significa la terapia psicológica, porque hoy él está libre y pagando los 38.400 pesos cumple con esta resolución, pero Hanna va a tener que vivir con esto toda su vida», agregó.
Por otra parte, Cervantes criticó que no hay ninguna restricción que proteja a Hanna. «Hoy una niña, que actualmente tiene cinco años, está temiendo por su vida y su integridad porque su agresor está libre», dijo la abogada en entrevista con Milenio.
El caso despertó severas críticas por la decisión del magistrado, que no juzgó atendiendo el interés superior de la niñez, como lo establece una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El máximo tribunal refiere que todas las autoridades mexicanas tienen el deber de «tomar las medidas necesarias para la protección de las niñas, niños y adolescentes ante cualquier afectación o simple estado de riesgo».
RT
