El gobierno del país centroamericano también ha reformado el código penal para evitar la difusión de mensajes de las maras (pandillas), que llevan más de 13.000 integrantes detenidos por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. El 91% de la población apoya las medidas según una encuesta de CID Gallup. Las organizaciones de derechos humanos critican la extensión y las medidas contra el crimen organizado.
Durante la noche del pasado domingo, la Asamblea Legislativa se reunió en sesión extraordinaria y aprobó por 67 votos en 84 el pedido del gobierno de renovar por un período 30 días más el Régimen de Excepción. La iniciativa fue aprobada con el objetivo de combatir el nuevo aumento de homicidios en el país causado por las maras o pandillas, siendo las principales la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y Barrio 18.
La medida está amparada en el artículo 29 de la Constitución de El Salvador, que permite al gobierno aplicar el Régimen de Excepción “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones al orden público”. Además, se suspenden temporalmente las garantías constitucionales como la libertad de reunión (excepto cuando es con fines culturales, religiosos y/o económicos).
De esta manera, la Policía Nacional Civil (PNC), junto a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), se despliega directamente con mayores garantías para el combate contra estas pandillas.
Tanto la MS-13 como Barrio 18 son organizaciones delictivas que surgen en Estados Unidos, entre comunidades latinas en Los Ángeles. La MS-13 se nutrió de los refugiados salvadoreños de la guerra civil que sufrió ese país en el período 1979-1992, mientras que Barrio 18 se inició como una pandilla de origen mexicano, pero se regionalizó al aceptar miembros de todo Centroamérica y actualmente tiene dos facciones (Sureños y Revolucionarios) en El Salvador.
El despliegue de estas pandillas en ese país ocurre a partir de los 90’ cuando Estados Unidos comienza a deportarlos a su lugar de origen, encontrando un país afectado por el fin de la guerra civil y un tejido social frágil que utilizan las maras para reclutar miembros jóvenes y aplicar su brutalidad para financiarse a base de actividades ilícitas como extorsión, secuestro, venta de drogas entre otras.
En este contexto de crimen organizado y una alta tasa de homicidios es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió a la Asamblea Legislativa la aplicación del Régimen de Excepción que se aprobó en marzo de este año. “La situación que hoy por hoy estamos viviendo, no es un tema ideológico, ni político, es un tema estructural, de raíz, son temas que no han iniciado el fin de semana, es producto de años y años.
Lograron que estos grupos se establecieran, organizaran, tomaran territorio, poder, se financiaran, agarraran todo el músculo negativo que ellos hoy por hoy tienen”, afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el mismo día que se aprobó el Régimen de Excepción.
Desde ese día hasta la fecha se han detenido a más de 18.315 personas supuestamente relacionadas a las maras, según el departamento de comunicación de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Entre ellos destacan Rudy Eduardo González García, alias “cuerda” y Misael Alberto Romero Mejía, alias “Danger”, dos de los quince cabecillas del MS-13. Según los mismos datos de la policía, hubo 9 días sin homicidios (29 de marzo, 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 23 y 25 de abril) desde la entrada en vigencia del régimen.
En total, durante 2022, se contabilizan 16 días con cero homicidios, algo a destacar frente a la alta posición entre los países del continente con más homicidios en este siglo.
La empresa encuestadora costarricense CID Gallup presentó este mes la encuesta “Población de acuerdo con medidas tomadas por el gobierno contra pandilleros” en el cual informan que el 91% de la población está a favor de las acciones tomadas por el gobierno de Bukele. Este respaldo es generalizado sin importar el nivel socioeconómico, edad o nivel educativo de la persona, destaca el informe. Además los encuestados apoyan la rigurosidad de las medidas y 77% está de acuerdo en que se apliquen medidas más duras.
Además, según el informe 2021 del Latinobarómetro titulado “Adiós a Macondo” destaca en El Salvador un 87% de aprobación para el presidente como así un 80% de confianza en el mismo.
La respuesta del gobierno contra el crimen organizado no solo pasa por mano dura, acciones sociales y laborales o mayor despliegue de las fuerzas de seguridad, sino que a nivel parlamentario el oficialismo, compuesto por cuatro partidos, reformó la “Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal” para cortar cualquier mensaje de estos grupos en los medios de comunicación y en las calles.
Aprobada el pasado 5 de abril en el contexto del Régimen de Excepción, la reforma prohíbe a los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, prensa escrita o digitales, la “reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población”.
Además, también declara ilegal “textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual” que esté en propiedades públicas o privadas y que trasmitan “mensajes relacionados a las diferentes agrupaciones, o asociaciones criminales a las que se refiere el presente artículo, y en especial las que tengan como finalidades la de aludir al control territorial de dichos grupos o a transmitir amenazas a la población en general”.
Organismos regionales e internacionales de derechos humanos han criticado las medidas tomadas en El Salvador, apuntando desde la aplicación y extensión del Estado de Excepción, la declaración de emergencia en las cárceles, además de medidas como mezclar a los miembros presos de las maras rivales en las mismas cárceles o racionarle el alimento y endurecer las medidas de confinamiento.
Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación el pasado 29 de abril y afirmó en su cuenta de Twitter: “Las medidas implementadas en las cárceles constituyen políticas de carácter represivo que pueden resultar en serias violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El Estado debe revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia”.
Esto fue respondido por Bukele, quien utilizó su cuenta de Twitter para recordarles a los salvadoreños que “cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo NI UNA TAN SOLA PALABRA. Pero no tardaron ni un día en condenar que nos pusimos más duros con ellos en las cárceles. RECUERDEN siempre qué intereses representan ellos”.
Mientras tanto, Amnistía Internacional publicó una nota en su sitio web afirmando que la aprobación del Estado de Excepción ha creado una “tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”. La organización de derechos humanos nacida en Londres y que actúa a escala global puso énfasis en que “hoy día, niños y niñas de entre 12 y 16 años pueden ser condenados a penas de hasta 10 años de prisión, las personas de comunidades marginadas pueden ser detenidas arbitrariamente sin derecho a defensa jurídica, las personas presas pueden estar recluidas sin alimentos y aire suficientes, y las y los periodistas pueden ser encarcelados por el solo hecho de informar de actividades relacionadas con las pandillas”.
Además, pidió que el gobierno de Bukele cese su “actividad hostil” contra la sociedad civil y la comunidad internacional, a la cual le pide ayuda en la nota para “evitar la incipiente crisis de derechos humanos en El Salvador”.
LaMañana
