Recibimos y publicamos.
¿LUC?
La LUC, la Ley de Urgente Consideración la cual está compuesta por un total de 478 artículos que fue recibida por Beatriz Argimón a las 17 horas del 23 de Abril del 2020 por parte de Rodrigo Ferres Prosecretario de la Presidencia, con posterior presentación ante las cámaras y la prensa se “remarco” que se realizaría un cronograma para trabajar, discutir y recibir tanto a autoridades, operadores de la sociedad civil, organizaciones y corporaciones como corresponde a todos los debates parlamentarios. Bueno, pero la realidad fue otra. Ya desde el minuto uno la mayoría parlamentaria conformada por el partido de gobierno (P. Nacional) y la subordinación colaborativa de los Colorado, Cabildantes, Independiente y PERI inmediatamente negaron, se opusieron y aceleraron cualquier posibilidad de debate, análisis, modificaciones o extracciones de manera profunda como correspondía y merecía un proyecto de Ley de estas dimensiones y categorías. Donde se impidió el debate y redujo al mínimo la información a la que pudo acceder la ciudadanía, la prensa y las organizaciones sociales. E incluso, los propios partidos políticos.
Un PUC como está establecido en la constitución desde la reforma de 1967 que permite al Poder Ejecutivo a enviar proyectos de consideración urgente.
Este fue creado con el motivo de fortalecer y darle más fuerza a la decisión presidencial con reglamentos e institucionalización de su autoridad (quien se dé cuenta, recordara esos años que se desearían que nunca hubiesen existido),en un momento de fracción político partidaria, donde los partidos se encontraba divididos, inoperantes ellos, sus representantes y nuestros gobernante tras el fallecimiento de Batlle Berres, Nardone y Gestido este último quien se encontraba al frente de la presidencia de la Republica. El PUC como bien lo expreso en su momento el ex presidente Julio María Sanguinetti y Álvaro Pacheco Seré en 1970 en uno de sus libros, “una aprobación tácita” ya que debe ser aprobado tal cual el presidente lo envía, y como tal un ultimátum automático por el Poder Ejecutivo donde no podrá volver a enviar ningún otro proyecto al parlamento mientras. Hasta su aprobación o rechazo.
No es la primera vez que se implementa, pero siempre se pudo tratar y debatir como corresponden. Donde el primero fue presentado por Sanguinetti en 1986 con 5 art. (Amnistía a Militares y Policías por delitos, que no fue aprobado), así también todos los presidentes han presentado PUC´s, donde los más extensos fueron por Luis Lacalle Herrera con 92 art. (Modificación de las pasividades) y Jorge Batlle con 91 art. (Mejoras de la adm. pública y fomento de empleo). La actual tiene como ya hemos visto 478 art., lo cual desde su inicio es impresentable, impropio y de una soberbia por parte de la presidencia de la republica presionando su aprobación.
La LUC fue instalada de manera relámpago que trajo un modelo de ajustes que limita el rol de Estado Uruguayo y afecta a los ciudadanos y de los derechos fundamentales.
Su ingreso se produjo de espaldas a un contexto económico y social excepcional, con las barras y el acceso al Parlamento cerrado, con el derecho a reunión seriamente restringido, sin tiempo para la recepción de voces claves y mientras el país atravesaba dificultades graves y urgentes, como el trabajo, la alimentación, la educación y por supuesto, la salud.
Durante décadas Uruguay ha sido reconocido como el país con mejor calidad democrática de América Latina. Su cuerpo legislativo, su fortaleza institucional y la garantía de libertades claves, como la libertad de reunión y la libertad de prensa, han sido ejemplo para el mundo y base de nuestra convivencia.
El impacto de la LUC aún se sigue descubriendo. Su proceso de presentación y aprobación, erosiona nuestra identidad democrática e ignora evidencias, procesos y tiempos indispensables y garantes en la construcción de un futuro colectivo.
Si bien toda la LUC representa un modelo regresivo, los 135 artículos seleccionados son los que modifican de manera sustancial políticas públicas en áreas sustanciales de la vida del país y fueron debatidos en 90 días.
No se busca derogar la LUC en su totalidad, que no te engañen y no te mientan.
Se busca derogar tan solo 135 de los 478 que comprenden puntos sensibles y delicados en las orbitas de seguridad, “secretaria de inteligencia”, Educación, Economía, empresas públicas, sector agropecuario, relaciones laborales y la seguridad social, Desarrollo social, salud, vivienda entre otros ítems.
Las cuales estaré desarrollándome próximamente en otras ediciones.
Con respeto, tan solo doy a ver la seriedad de lo que se está puniendo en juego para de la sociedad y la Republica.
Ayer dirigentes de todos los partidos en Paysandú dijeron SÍ.
Vamos juntos decirle SÍ al Uruguay.
¿SEGURIDAD, INTELIGENCIA y LIBERTAD? Un paragón del gobierno en la LUC con soluciones huecas y afecciones para la Republica en énfasis como tal la población.
“Yo no encuentro manera de enorgullecerme con la cultura alcanzada, en tanto permanezca en pie sobre el fondo rojo del patíbulo implacable, funcionando a nombre de la más alta entidad social, como cualquier otra institución. Como hombre, como miembro de la sociedad, me declaro humillado” Pedro Figari ,1903.
Uno de los temas más importantes y polémicos para toda la sociedad es lo relativo a la seguridad ciudadana, en la LUC ponemos en referéndum una treintena de artículos referido a lo mismo.
Desde la Ministerio del Interior, afirman que gracias a la aplicación de la LUC se han atrapado centenares de delincuentes. ¿De dónde sale este dato? ¿Cómo lo demuestras? ¿Por qué no lo justifican con evidencia? Simplemente es una falsedad. Así como todo lo que refiere la LUC en materia de seguridad.
Los cambios suponen un cambio abrupto de modelo sin medir en la práctica el alcance de las medidas aprobadas. Es una impronta punitiva que impacta en la saturación del sistema carcelario y en las políticas de reinserción, que ya son insuficientes, a contracara de lo que se hace hoy en el mundo. La falta de gradualidad para los cambios en los procedimientos policiales también supone riesgos en la interpretación.
Entre los artículos referidos a seguridad que se ponen en cuestionamiento frente a la sociedad es la “legítima defensa”, concepto que se desdibuja. Se restan garantías para tutelar el bien supremo que es la vida. Al incrementar la protección del derecho de propiedad sobre el derecho a la vida, se genera mayor confusión, entre los límites de una y otra. Además da una idea de falsa protección de la actividad policial, complicando la actuación de estos agentes del estado.
Así también encontramos una extensión de las figuras del colaborador y el agente encubierto sin considerar una evaluación nítida de dichas figuras. Uruguay tiene poca tradición en ello, más bien mala y defectuosa. La figura del colaborador puede ser un escape para aquellos que tienen mayor responsabilidad en hechos delictivos y así poder esquivar la pena. Además que podría inventar culpables donde no los hay o por intereses de la propia autoridad.
Después en lo que refiere al informe policial ante el Ministerio Publico, Este artículo que parece sin importancia y menor, es muy delicado. Se extiende el plazo que tiene la policía de dos horas para informar a la Fiscalía, ahora pasa a 4 horas.
La LUC también habilita al personal policial y militar para realizar registros personales, de equipaje o vehículos ya no de quien se hallare legalmente detenido sino que cualquier persona, sin la existencia de indicios de que haya cometido o intentado algún delito. Tampoco se requerirá autorización del Fiscal. Con esto también tenemos la “Presunción de legitimidad de la actuación policial”, es un agregado (Art 49) innecesario que amplifica un estado de falsa seguridad de las fuerzas policiales ya que esta presunción simple, que refuerza la idea de un supuesto respaldo a la actuación policial que puede derivar en excesos.
Según la Ley presente la Policía deberá conducir a dependencias policiales a cualquier persona. Lo que implica en más recortes de derechos y libertades. Una persona puede ser conducida a dependencias policiales ya no por la existencia de motivos suficientes y fundados sobre su responsabilidad en un hecho con apariencia delictiva, sino en cualquier tiempo. Quien se negare a ser conducido podrá serlo por la fuerza (se confiere esa facultad a la policía) a la vez que desaparece el criterio de principio que establecía que “la policía no podrá detener a ninguna persona ni testigos aun cuando se nieguen a concurrir voluntariamente a dependencias policiales sin la correspondiente orden del Juez competente”.
Y son muchos más los puntos que se cuestionan, pero una de las frutillas de la torta es la “Secretaria de inteligencia estratégica del Estado”, un organismo de modelo centralizado donde deja de existir un control parlamentario. Donde se amplía el concepto de información reservada, se generan bolsones de actividad estatal sin control alguno. Donde la información producida y sistematizada por los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado posee carácter absolutamente reservado. Por lo cual se impugna por incorporar el cambio de extensión de la información reservada y restringida donde solo tendrán acceso y podrán cambiar el carácter de las mismas por parte del Director de Inteligencia del Estado, así como el Presidente de la Republica sin intervención parlamentaria o judicial.
“Si a estos pueblos se les educa, pueden producir con igual intensidad que cualquier otro. La instrucción a base de abstracciones es insuficiente, como toda unilateralización orgánica. Deforma, en vez de modelar al hombre integral, capaz de triunfar por su propio esfuerzo. No puede esperarse que sean útiles los regímenes escolares de pura gimnasia mental, porque la aplicación a la vida real será difícil. Culminando con una formación proletaria infeliz, y estéril a pesar de su brillo. No faltan escuelas; faltan maestros de cabeza abierta. Como que la enseñanza la desempeña el maestro, su eficiencia de la dirección y claridad de las ideas que se propongan y no del mecanismo de las reglamentaciones, ni de la minuciosidad que deseen imponer las autoridades” _ P.F. 1917
No vi mejor manera que iniciar este pequeño aporte al debate, que con palabras textuales de Figari, ilustre que al igual que José Pedro Varela introdujeron y forjaron grandes reformas en el sistema educativo nacional.
En la LUC nos hemos propuesto ante la voluntad de la población la derogación de 36 artículos de la misma que refieren a la educación. Ya que el motivo principal de estos es poner en riesgo el sistema educativo y desarmar todo lo realizado por todas las administraciones anteriores. En lo personal, gran error de los políticos ególatras y sin tener en cuenta que es una ruptura de las tradiciones gubernamentales del Uruguay de construir sobre lo existente y no estar destruyendo para hacer (o ¿acaso nos queremos convertir en un país como Argentina o Brasil que en cada cambio de mando se pierde más tiempo destruyendo que construyendo?) no tiremos la poca cultura política que nos ha perdurado por tanto tiempo.
Una sistema educativo sin la vinculación de los docentes, no es buena y eso es lo que hay hoy, una exclusión de los docentes. Y siempre ante consultas al presidente del CODICEN R. Silva (a quien en lo personal siempre le tuve mis respeto) sus respuestas a todos son muy evasivas y eso es lamentable. Con una LUC que tuvo breve tiempo de tratamiento. El cual aplica una mirada y una concepción de la educación gerencial en modo gestión privada y no como derecho humano fundamental que busque la liberación de las personas y por tanto contribuya a la integración social, democrática y al desarrollo del pueblo.
Lo que eran los consejos de primaria, secundaria y UTU ahora pasaron a ser unipersonales, gobernados por una especia de gerentes políticos llamados Directores Generales y se impide que los congresos sean convocados.
En materia educativa, es una reforma autoritaria, donde las autoridades le tienen miedo , por no decir alergia a la participación de las partes y a la educación con autonomía y libertad que es la esencia de la educación pública.
El gobierno hace de la educación como una persona cambiando de anteojos, dándole una visión empresarial, creando regímenes especiales, donde los docentes como método fordista sean regidos por normativas, y salarios distintos. Donde todos deberán hacen y cumplir lo mismo. Pero el director será quien definirá el acceso o permanencia de un docente en el lugar de trabajo por decisión propia (un gran error)
En la LUC se agregan competencias al Ministerio de Educación y Cultura, entre ellas la elaboración de una Política Educativa Nacional. Esto implica mucha mayor injerencia del Poder Ejecutivo en la educación pública, alejándonos aún más de la autonomía reclamada desde el movimiento popular para que la educación no siga estando sujeta a los gobiernos de turno.
Asimismo entre las competencias del MEC se agrega “Diseñar, aprobar y asegurar el funcionamiento de los procedimientos de reválida y reconocimiento de títulos, certificados o diplomas obtenidos en el extranjero”, quitándole esta competencia a la UdelaR. Desde el mismo ente se ha expresado preocupación por la situación de personas migrantes. Esta modificación es muy grave porque implicaría cambiar la Ley Orgánica conquistada en el 58 fruto de la lucha estudiantil. El MEC adquiere la mencionada competencia también en relación a la UTEC, a la que cuestionamos por ser paralela a la UdelaR y con objetivos en función del empresariado.
La LUC establece la regla fiscal como mecanismo para realizar ajustes. Esta será implementada por un “comité de expertos” y supone que el aumento del gasto debe estar ligado a la evolución de los ingresos estimados en de crecimiento. Así se pretende limitar el presupuesto educativo y el gasto social en general.
Y hay mucho más que comentar, pero es imposible en tocos palabras, así que imaginen que es vergonzoso que hayan aprobado un Proyecto con 478 artículos en pocos meses, sin debate, sin especialistas y académicos, sin la prensa y sin que la población supiese las consecuencias.
Decirle SÍ al país que queremos.
“La asunción de los servicios públicos por el Estado, responde a la difusión y distribución colectiva de agentes indispensables de bienestar, comodidad e higiene, a dotar a las clases sociales más numerosas y menos favorecidas, de una suma de beneficios, que, de otra manera, seria únicamente accesible a las acomodadas. Se trata, sensiblemente, de favorecer al público, mejorando, extendiendo y abaratando los servicios”…” conviene mantener las industrias y servicios cuando son ejercidos por el Estado, y en eso me ratifico, porque no hay que olvidar que las condiciones en que se desenvuelven esas dos actividades, son completamente diferentes: la privada va siempre a buscar el lucro elevado y lo más o menos legítimo, mientras la actividad ejercida por el Estado ni hoy, ni nunca deberá buscar lucro alguno, ni aumentar los beneficios económicos del mismo, sino sencillamente son y serán movida por el interés de servir, proteger, mejorar los servicios y siempre buscando el precio social justo sin obtener ganancias impropias desde su espíritu creador.”
Dip. Frugoni / Min. Serrato _ 1912
Las causas justas se defienden con la verdad. Acá lo que se pretende es derogar 135 (28%). Esto revela que el espíritu de esta iniciativa no es “hacer algo en contra de” o generar obstáculos sin fundamento, sino impugnar ciertas normas de la ley que afectan sensible y negativamente derechos de toda la población, ya sea de forma directa o indirecta.
En lo que respecta al ámbito económico. Esta sección de la ley está integrada por 84 artículos, de los cuales se pretende impugnar y revocar 16 (19%).
La LUC es parte de un modelo de varias partes que van en camino de un Estado mínimo y con concentración de la riqueza, así como de deteriorar el nivel de vida de la población. Colonización se llena de empresas privadas porque no es obligatorio vivir en el predio ni producirlo. Lamentablemente el país se encamina a una tragedia mucho mayor a la que hoy vivimos de empleo, salarios y jubilaciones en caída.
Estos artículos también regulan la aprobación por parte del Ejecutivo de los precios de venta de los combustibles producidos por ANCAP, sin previsiones acerca de la consideración de los fines y cometidos sociales de esta empresa estatal, y encomienda al Poder Ejecutivo la presentación ante la Asamblea General, en un plazo de 180 días -que estimamos muy breve-, de una propuesta de reforma del mercado del petróleo crudo y derivados, para lo cual podrá convocar un comité de expertos cuya integración será determinada por la reglamentación. El Dto. 271/020 vino a reglamentar la convocatoria del comité de expertos y no incluyó en la integración del mismo a técnicos de ANCAP, y estableció plazos muy breves para el análisis de los estudios ya efectuados por el MIEM y para la discusión y aprobación de una propuesta de revisión integral del mercado de combustibles.
Bajo un argumento y un relato de defensa de la “Libertad”, esconden un gran retroceso en la inclusión, en la formalidad, transparencia y combate al lavado de activos.
La argumentación contra la LIF (Inclusión Financiera) les arrebató a los trabajadores la libertad de elegir. Lo cual es rotundamente falso porque antes de la LIF no era el trabajador quien elegía cómo cobrar, sino que era el empleador quien tenía la libertad de elegir cómo pagar. Tampoco es cierto que el trabajador estuviera obligado a utilizar medios electrónicos, dado que la LIF le daba el derecho de poder retirar todo su sueldo en un único movimiento y sin costo, y seguir moviéndose en el mundo del efectivo si así lo quería.
No cabe ninguna duda de que los cambios incluidos en la LUC son un avance notorio hacia la opacidad, revirtiendo avances. Su aprobación aparejaron consecuencias negativas de gran impacto para el sistema anti lavado uruguayo, ya que derogo de forma tácita la mayoría de los controles vigentes, aumentando la probabilidad de ocurrencia de maniobras de lavado de dinero y contraviniendo los estándares internacionales en la materia. Por ello, en opinión de reconocidos expertos, estos cambios implican una inevitable inclusión de Uruguay en las listas GAFI, con consecuencias fuertemente negativas para el país.
No debe olvidarse que la opacidad es un gran negocio para unos pocos, mientras que el valioso activo derivado de la reputación de transparencia del país contribuye al bienestar de la enorme mayoría de la población. Y esto sin duda será mucho más relevante aun en el mundo pospandemia que se viene.
Con la apertura de un 49 % del capital accionario de las S.A. con participación estatal es otra demostración del proceso desestatizador; Lisa y llanamente de una privatización de parte de las Empresas Públicas. Que en riesgo el aporte social de las mismas, privilegiando el mercado por encima del rol del Estado.
En marzo, SÍ al Uruguay
«Las crisis llevan a las clases a la hora de la verdad. Cuando se trata de impedir el reparto de lo poco que queda, los privilegiados buscan que el sacrificio recaiga sobre el pueblo, aunque éste resista, y aparecen así las formas autoritarias, (…) pozos de sombras, abismos de horror.»…“Creo que los políticos de esencia y raíz popular, que creemos apasionadamente en ciertas cosas y que nos hemos embriagado de una literatura política (…) cuando llega el momento de actuar por el ideal, cuando llega la hora de servirlo, no podemos quedarnos en las palabras. Debemos luchar por ese ideal, cueste lo que cueste.”…“No descansaré dulces hermanos, hasta que ustedes sean los graves propietarios de la dicha, la casa y el árbol y hasta que sean al fin los dueños del paisaje”_ Palabras de nuestra querida “negra”, Alba Roballo.
¿Por qué fue la urgencia? ¿Qué es lo urgente?
Lo primero que hay que decir es que se están tratando temas que no son de urgencia y la segunda objeción que tenemos es el momento en que se está discutiendo esta Ley, en medio de una pandemia. Cuando lo importante era y es salvaguardar a aquellos que tienen peores condiciones para afrontar la crisis socio-económica y sanitaria, por esta razón es paradójico que en esta coyuntura se intente reducir el Estado.
Es la LUC están descriptas políticas del sector más conservador, que pretenden una profunda reforma (que no es nuevo, ya que en su momento los sectores conservadores y tradicionalistas ya lo hicieron frente al colegiado y el Uruguay con políticas progresista, cooperativistas y estadistas en el siglo pasado uniéndose por más diferente que fuesen sus partido político que integrasen porque había que “poner orden”, y a los sucesos posteriores me limito.). Pero con esta Ley quisieron implementar una reforma sin una mínima base empírica, no tiene de donde sostenerse con datos reales ni comprobatorios, donde su único “eslogan” es que “existía problemas de gobernanza”.
Un proyecto donde tan solo una veinticinco por ciento está dedicado a la seguridad, pero aspirando a una seguridad sacrificando derechos y libertades; Limitando el derecho a huelga por ejemplo. El cual es un derecho humano fundamental. La LUC regula los reglamentos sindicales, lo cual es violatorio de por sí. Y ni hablemos de la habilitación que por parte del gobierno se reglamente, se limite y se reprima las protestas sociales.
No hay más que decir, que es un desprecio profundo por los derechos y la libertad, “Libertad” que tanto se llenaron la boca en sus discursos pero no conocen su ejercicio siempre y cuando no es en lo económico o le sea servicial a sus cometidos.
¿Urgente?, urgente es para el gobierno permitir realizar desalojos de arrendamientos en un plazo corto, lo cual genera mayor intranquilidad en migrantes que lleguen a nuestro país.
Pero el proyecto incluye varias modificaciones en la acción de desalojo, hasta para desalojar a los buenos pagadores en un plazo de 30 días, y seis días al mal pagador.
En palabras del politólogo Daniel Chasquetti “El mecanismo de urgente consideración deteriora la calidad de la democracia”. Y es así tal cual.
Ya que se concentra el poder y se da aprobación a las decisiones del poder ejecutivo de manera tacita. No imponiendo ni siquiera un acuerdo entre los partidos de la “coalición” sino que imponiendo su programa de gobierno a cambio de darle a los demás partidos integrantes lugares en el gobierno con tal de ganar tiempo a bajo costo para el Partido Nacional y el gobierno. Desde lo democrático, acciones como esta son lamentables y contradictorias. Pero después se tiran de democráticos e impulsores de la defensa de las instituciones.
El gobierno se ha aprovechado de las circunstancias y las desgracias que está pasando la población con la pandemia manejándola desde el timón a su favor, pero que sea a su favor no implica que favorezca a la tripulación del barco que es la población.
Argumentaron durante años insolvencias, falta de fondos, endeudamiento del país. Pero llegaron al gobierno y son ellos quienes hoy han aumentado el peso impositivo, el costo de vida, y la deuda exterior de manera abrupta ha sido el actual gobierno.
Es posible creer que la LUC, que fue aprobada de manera tacita y sin debate serio, con una cantidad de artículos sin precedentes para haber sido analizado en pocos meses. ¿Se puede creer que es buena? Por eso hoy se pone frente a la voluntad popular tan solo 135 artículos de la misma, que afectan la esencia de nuestra República, Democracia y la sociedad como tal. Pero acá no se trata de la LUC como tal, sino de parte de ella que como un tumor cancerígeno hay que extirparlo para poder salir adelante, sino sus efectos negativos irán en constante crecimiento y entiendo profundamente a lo que me refiero con todo el respeto de mis palabras.
Pablo M. Izurco H.
(Ex militante-CEN-Edil/s, P. Colorado)
Fundador junto a Patricia Soria (Edila Mvd FA) del
MAR -Movimiento Alba Roballo
