Personal del Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (DGLCCO e INTERPOL) determinó, tras varios meses de tareas de inteligencia, el modus operandi de una organización criminal internacional que operaba desde el exterior y se dedicaba al tráfico de migrantes cubanos.
Las operaciones de tráfico se originaban en La Habana donde cubanos, integrantes de la referida organización, captaban a sus compatriotas y los seducían con la posibilidad de viajar a Uruguay, algunos para permanecer aquí y otros con la finalidad de viajar a Estados Unidos, eligiendo a nuestro país como puente o destino intermedio.
El viaje partía desde Cuba hacia Guyana, ya que los ciudadanos cubanos no necesitan visa para ingresar, y tras el pago del dinero previamente acordado eran trasladados a una casa de seguridad hasta la llegada de más viajeros, donde se los dividía según su destino y el dinero que poseía cada uno.
Posteriormente eran trasladados por tierra a la ciudad de Boa Vista, en el estado de Roraima (Brasil), donde se alojaban en una casa provista por la organización, mientras esperaban a que sea seguro para retomar el viaje, el que se efectuaba por ómnibus o vuelos de cabotaje por Brasil, pasando por Manaos y Porto Alegre.
De allí iban a las ciudades brasileras de Chui o Santana do Livramento para, posteriormente, ingresar a Uruguay.
Una vez en nuestro territorio, algunos se establecían como refugiados, mientras que otros tomaban contacto a través de medios tecnológicos con diferentes redes criminales que les cobraban entre 6.000 y 7.000 dólares para llegar a otro destino (el monto dependía de la red y el destino final). Este dinero era pagado usualmente por los propios familiares de los cubanos desde Estados Unidos.
A raíz de esta investigación se realizó un allanamiento en una casa de la ciudad de Montevideo, hallando evidencia de envíos de dinero a Ecuador, Honduras, México y Perú.
Desde Uruguay también se enviaban los pasaportes cubanos originales por correo privado a México o Perú para la confección del documento apócrifo solicitado. Una vez realizado, los documentos originales con el agregado apócrifo eran devueltos al interesado que estaba en nuestro país.
El transcurso de la investigación dio con 34 personas involucradas de nacionalidad cubana y solicitantes de refugio (21 hombres y 13 mujeres, de entre 35 y 45 años); 12 de las cuales fueron condenadas por el delito de uso de certificado público falso a la pena de 6 meses de prisión a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba. A su vez, se intervinieron 18 visas (nueve italianas, cinco mexicanas, tres austríacas y una española) y 34 pasaportes (30 cubanos, dos peruanos y dos mexicanos).
Cabe destacar que en esta operación se contó con la colaboración de personal de la Base Operativa Internacional Nº 1 de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) y de la Dirección Nacional de Migración, así como también de diversos países.
Fuente: DGLCCO e INTERPOL
