Policías de la seccional 11 de La Paloma, Rocha, recibieron «información confidencial sobre una plantación clandestina de marihuana ubicada próximo al balneario Antoniópolis, en las inmediaciones de la calle El Barranco y Calle 1, lo que dio inicio a una investigación que les permitió ubicar el domicilio denunciado y corroborar que existía una gran cantidad de plantas de marihuana, así como también paneles solares que alimentaban una bomba eléctrica de riego», informó el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa.
Los agentes se presentaron en el domicilio con orden de allanamiento, detuvieron a su propietario, un hombre de 54 años, e incautaron 447 ramas con cogollos: 317 en proceso de secado y 160 verdes.
Además, la Policía incautó «25 macetas con plantas de marihuana, seis plantas de marihuana plantadas, una chumbera de aire comprimido, un DVR (Digital video recorder) con los cables cortados dentro de un balde con agua, un lanza bengalas fertilizante, un facón de 45 centímetros, un desmorrugador y una notebook».
La Justicia condenó al detenido a una pena de 24 meses de prisión por la comisión de un delito de asistencia al narcotráfico y delitos conexos, la que se cumplirá de la siguiente manera: seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y 18 meses que serán cumplidos en régimen de libertad a prueba.
«¡No planten nada, no planten nada!», exigió el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en marzo de 2014 en un acto electoral en la explanada de la Intendencia de Montevideo. «Vamos a declararle la guerra a las drogas y a la delincuencia; vamos a derogar la ley que legalizó de la marihuana», anunció entonces el precandidato.
Larrañaga se refirió al tema el 11 de marzo, al inaugurarse la cosecha de papa de los reclusos del penal de Libertad. «Vamos a pedir que nos restituyan unas 60 hectáreas porque ahí podemos hacer muchísimas cosas para el autoabastecimiento de los 26 centros carcelarios que tiene el país con los más de 13.300 presos», anunció el ministro en rueda de prensa.
«Vamos a solicitar por lo menos la ubicación de las distintas formas que permite la ley, para establecer los controles correspondientes. Esto nos parece absolutamente prioritario para que la policía evite situaciones», agregó Larrañaga, quien de todos modos aseguró que su intención no es «generar inconvenientes» con las actividades de consumo cannábico que están permitidas y reguladas por ley desde 2013.
Estas apreciaciones fueron cuestionadas por varias asociaciones vinculadas al consumo de marihuana. Bruno Calleros, vocero del Movimiento por la Liberación del Cannabis, cuestionó la posibilidad de que el Ministerio del Interior acceda a datos sobre la ubicación de cultivos de marihuana. «Nos preocupa mucho que se libere el domicilio de las personas», dijo Calleros a Informe Capital de Tv Ciudad.
Montevideo
