Treinta y Tres, 15 de marzo de 2021
En asamblea realizada el día jueves 11 próximo pasado, los profesores sindicalizados en APES 33 resolvemos comunicar a la opinión pública en general, nuestra profunda preocupación ante las condiciones en que se han iniciado las clases presenciales en el contexto de la grave situación sanitaria actual.
Según informa la prensa nacional, “Varios especialistas reiteran en estas horas que Uruguay vive el peor momento de la pandemia por el nivel de contagios diarios.” (Subrayado 10/3/21) En esta situación (TC4) según las mismas fuentes, el Grupo Asesor Científico Honorario “solicita se tomen en cuenta las recomendaciones del grupo que plantea restringir la movilidad al máximo” y para el caso de la educación “se indica mantener clases presenciales en Inicial y Primaria y suspender las presenciales en Secundaria.”
Hasta el momento las autoridades han estado omisas ante las evidencias de la realidad y ante las recomendaciones de sus propios asesores científicos.
En varios liceos del Departamento (algunos de los cuales registran casos de estudiantes y/o docentes contagiados de COVID19), a la fecha de nuestra asamblea (11/3) no resultaba posible aplicar de una manera eficiente los protocolos sanitarios.
El cuerpo docente no ha sido tenido en cuenta a la hora de diseñar protocolos o tomar medidas sanitarias, y las decisiones se dejan en manos de las respectivas direcciones de cada centro, que han tenido que hacer frente, en cada caso a sus propias limitaciones de recursos materiales y de personal para resolver situaciones muy complejas.
De este modo las autoridades nacionales centralizan las decisiones y descentralizan la gestión, apelando a un concepto reduccionista o menoscabado de la autonomía. También de este modo eluden responsabilidades en el cuidado de la salud pública.
Los profesionales de la educación consideramos que la relación presencial con los estudiantes es condición esencial del proceso enseñanza-aprendizaje. Nadie más interesado que nuestro colectivo en lograr el sostenimiento de la presencialidad de manera segura e igualitaria. Por lo tanto, exigimos ser tenidos en cuenta a la hora de decidir e implementar medidas que afectan nuestras condiciones de trabajo y, fundamentalmente, el derecho a la educación de nuestros jóvenes.
APES 33
