La decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° Turno de otorgar prisión domiciliaria al sacerdote de Minas imputado por abusar sexualmente de dos menores radica en la observación de que las niñas «no cuentan con la protección de su madre, quien parece marcadamente volcada a favorecer los intereses del imputado», según se establece en los fundamentos de la interlocutoria dictada por el tribunal y a la que accedió El Observador.
La fiscal del caso, Tania Vidal, había apelado la decisión judicial de no otorgar la prisión preventiva para el imputado, pero finalmente el tribunal fue por un camino intermedio. Si bien decidió no encerrar al imputado dictó prisión domiciliaria, argumentando el «entorpecimiento» en la investigación y «la situación de vulnerabilidad» que sufren las niñas a raíz de la propensión de la madre de favorecer al acusado, lo que «bien puede proporcionalmente neutralizarse con el arresto domiciliario total en lugar ajeno al sitio de residencia de las víctimas», dice el documento.
Por eso, se estableció que el sacerdote cumpla la sanción en el departamento de Montevideo, y que se le coloque tobillera electrónica, «o en su defecto vigilancia intensiva a cargo de OSLA (Oficina de Supervisión de Libertad Asistida)», así como la prohibición de comunicarse directa o indirectamente con las víctimas, su madre o sus hermanos.
El tribunal argumentó que no era «necesario adoptar una medida tan excepcional como lo es la prisión del imputado» ya que «aquí se perfilaría como un adelanto de la pena», basándose en la opinión consultiva n°5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que la restricción debe responder a la «existencia de una necesidad social imperiosa» y que entre varias opciones de pena para alcanzar este objetivo «debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido».
Por su parte el Obispado de Maldonado, Punta del Este y Minas, de cuyo clero formaba parte el sacerdote, emitió un comunicado luego de conocer el fallo del tribunal para informar de la prisión domiciliaria. «Pese al dolor que supone revivir hechos tan aberrantes por parte de las víctimas», manifestó que «continúan alentando a quienes hayan padecido abusos por parte de sacerdotes o consagrados a presentar sus denuncias» por la vías de comunicación que abrió la Iglesia Católica con ese fin, el celular 095 382 465 y la dirección de correo electrónico [email protected]
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