Un inusual consumo de internet de la computadora de un funcionario del Banco de Previsión Social (BPS) llamó la atención a los servicios informáticos del organismo. Era un consumo muy superior a otras computadoras y, además, desmesurado para su actividad. Luego de una investigación, se determinó que el individuo estaba utilizando la conexión del organismo para ofrecer servicios ilegales de televisión por internet y descargar películas que luego comercializaba.
La alarma se encendió el 3 de febrero, según contaron desde la Cámara de Lucha Contra la Piratería y el Contrabando a Cromo. Ese día, las autoridades del BPS recibieron una información de los trabajadores del área informática en la que se informaba que un funcionario estaba teniendo un consumo demasiado alto: solo esa semana había utilizado más de 100 GB para el tráfico de salida. Es decir, la conexión estaba siendo aprovechada para enviar contenido a otros usuarios en todo el mundo.
Las autoridades preguntaron al jefe del funcionario si dentro de sus tareas había alguna que demandara semejante volumen de conexión, pero la respuesta fue negativa. Luego, el superior solo tuvo que atar cabos para entender qué estaba pasando.
El hombre recordó que el indagado tenía un aviso en su foto de perfil de WhatsApp (y también subía algunas historias en eta app) sobre la venta de servicios de IPTV (sistema de transmisión de televisión por internet). Fue en ese momento que se decidió acceder a su computadora. Como resultado se encontraron afiches de un servicio de venta de decodificadores e IPTV con un celular y su nombre, planilla de clientes, planilla con ventas de películas y un directorio de filmes, entre otros hallazgos. La empresa operaba bajo el nombre Avanti Home Entertainment, según informó El País el sábado.
El propio BPS y la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando denunciaron el hecho ante la Fiscalía, que en una audiencia el 18 de febrero dispuso imputar al involucrado por tres delitos: robo de señales, infracción a los derechos de autor y peculado.
El funcionario admitió el hecho durante la audiencia y manifestó que hace aproximadamente dos años creó una empresa para ofrecer servicios de IPTV. Además, explicó que trabajaba con un proveedor del exterior que le daba una clave para recibir las señales y que luego las vendía a sus clientes, con un costo mensual de entre US$ 8 y US$ 12, según el paquete adquirido.
Además, se cree que el indagado también comercializaba películas a través de Google Drive, en tanto el informe de tráfico del BPS señala que ese era el sitio a donde más se subía información. La hipótesis se sustenta en que otro de los sitios con mayor frecuencia de ingreso es uno donde los usuarios pueden ver películas que otros usuarios suben a Google Drive.
Observador
