Cerro Largo: detienen al Presidente de la Junta Departamental

La fiscal Letizia Siqueira lo investiga por la presunta comisión de un delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad o incapaces a cambio de sexo, según informa la corresponsal de Subrayado Silvia Techera. La Fiscalía resolverá su situación este jueves.

La investigación que deriva ahora en la detención del edil Viera Delgado comenzó hace varios meses, cuando un hombre fue detenido e imputado por un caso similar.

A raíz de ese caso se vinculó al ahora presidente de la Junta Departamental, por lo que fue investigado desde entonces por efectivos de la Jefatura de Policía local de Cerro Largo.

En su perfil de Facebook, el dirigente se autodefine como «manya» y «blanco como hueso de bagual».

Viera comenzó a militar en política a mediados de los 80. Siguió primero al exintendente y luego vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, luego pasó a militar junto a Villanueva Saravia Pintos y en los últimos años apoyó al exintendente Sergio Botana.

En las últimas elecciones fue reelegido edil en listas que postulaban a José Yurramendi a la Intendencia de Cerro Largo.

Tiene una activa participación en el movimiento social. presidente la Comisión de Fomento de una escuela en Barrio Centenario.

 

La investigación que llevó a su detención comenzó meses atrás e involucró a varios adolescentes.

A fines de julio, la justicia condenó a C.R.L.F., un peluquero de 31 años. Según La Voz de Melo, este hombre divulgó unos videos de contenido sexual.

La víctima en este caso era un joven de 19 años.

Las indagatorias policiales permitieron establecer que había una docena de menores de edad que frecuentaban la peluquería y recibían dinero a cambio de sexo.

El testimonio de estos jóvenes permitió encontrar, tras un allanamiento, computadoras y pendrives en los que había material que resultó fundamental para la comprobación de los hechos.

La jueza María del Pilar Rocha condenó al peluquero como «autor penalmente responsable de reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo».

Lo sentenció a una pena de 3 años de prisión y 6 meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo, con otras medidas complementarias.

Subrayado