La radio comunitaria de Tacuarembó La Kandela anunció en su perfil de Facebook en la tarde del 16 de setiembre que en el programa de esa noche informarían sobre un funcionario municipal que estaba intentando desalojar a tres familias para “apropiarse de un predio público”. Horas después, el funcionario involucrado, pese a que no había sido mencionado su nombre, llamó al periodista de la emisora Sebastián Ríos para decirle que quitara la publicación o de lo contrario lo denunciaría por difamación.
El periodista se negó. Poco después, la Policía de Tacuarembó lo contactó y lo citó a la comisaría para el día siguiente. En la noche la radio informó sobre el caso. Los periodistas relataron que el funcionario Juan Manuel Maneiro era propietario de una bloquería instalada en un terreno de la intendencia, contiguo a uno de su propiedad. Y que usaba el predio público a sus anchas, para cargar y descargar el material. Contaron que el funcionario buscaba desalojar a tres familias que ocupaban parte de los predios y cuestionaron la falta de respuestas de la comuna para las personas sin vivienda.
Al día siguiente, el periodista fue a la comisaría y los efectivos le informaron que había sido denunciado por difamación, le pidieron que relatara los hechos y le preguntaron si quería disculparse con el funcionario. El periodista declinó. Fue citado nuevamente 24 horas después. Esta vez en la seccional de Policía le entregaron una notificación de la fiscal de 2º turno de Tacuarembó, Claudia Lete, que le ordenaba: “Que cuando hagan apreciaciones a través de la radio lo hagan con la debida prueba documental a efectos de evitar denuncias como la presente”.
Además, la fiscal Lete dispuso que el periodista quede “en calidad de emplazado”, es decir, bajo investigación y pendiente de ser citado por la Fiscalía para ser interrogado.
“Me llamó mucho la atención. ¿Cómo una fiscal me está dando esta orden, cuando ni siquiera lo investigó, y me está diciendo de qué puedo hablar? Lo tomé como una intimidación”, dijo Ríos a Búsqueda.
La pareja de la fiscal es funcionario de la Intendencia de Tacuarembó, y trabaja en la División Salubridad e Higiene, la misma en la que se desempeña Maneiro, según confirmaron diversas fuentes.
El abogado de oficio Joaquín Gamba, que asumió la defensa del reportero, criticó lo “irregular” de la actuación de la Fiscalía y afirmó que se trata de un caso de “censura previa”. Dijo que es una suerte de “amenaza” para que la radio deje de informar sobre determinados temas y señaló que la Fiscalía no puede ordenar medidas cautelares, ya que estas deben ser dispuestas por un juez.
Tras recibir la notificación, el periodista reunió toda la documentación de la que disponía y presentó una denuncia contra el funcionario Maneiro por “usurpación” de espacio público. Lo hizo en parte para demostrar que la información que había divulgado contaba con el respaldo suficiente.
El lunes 19, la Policía lo contactó nuevamente, y le informó que estaba citado para el miércoles 21 en la Fiscalía. Ante su consulta, un efectivo le indicó que su citación era en calidad de denunciante, por lo cual no necesitaba concurrir con abogado. Sin embargo, al llegar el miércoles 21 a la Fiscalía le dijeron que estaba citado como indagado, en el marco de la denuncia por difamación. Ríos se negó a declarar sin asistencia legal, y el interrogatorio se reagendó para el próximo lunes 26.
Búsqueda se contactó el miércoles 21 con la fiscal Lete y le preguntó en qué norma se había amparado para ordenar a un periodista que no difunda información que no esté respaldada en prueba documental. La fiscal dijo que no recordaba los detalles del caso, porque tomaba “20.000 decisiones por día”, pero que la medida la había ordenado “a los efectos de que el conflicto no se agrave mientras los involucrados son citados a la Fiscalía a declarar”. Añadió que no se trataba de una “decisión definitiva” y que era una investigación “reservada”, por lo que no podía dar más información.
Consultada sobre por qué había dispuesto una orden que excede las competencias de la Fiscalía, dijo que no se trataba de una “medida cautelar”, sino de una medida “temporal tomada durante la investigación para no agravar el conflicto”. Agregó que tomaba ese tipo de medidas “todo el tiempo”. Dijo también que “no era la intención” censurar al periodista y que la medida no había sido tomada contra un medio sino contra “una persona particular”, pese a que la notificación hace referencia a las apreciaciones difundidas “a través de la radio”.
Ante la insistencia de que este tipo de medidas requieren de la intervención de un juez, la fiscal respondió que si la periodista tenía “reparos” con su decisión, podía “presentar la denuncia correspondiente”. Y añadió: “Puede venir con un abogado a una audiencia y hacerme todas las preguntas que quiera”.
Fuentes de la Fiscalía de Corte dijeron a Búsqueda que no estaban al tanto de los detalles del caso y aseguraron que el organismo “promueve los más altos estándares de libertad de expresión”, por lo cual analizarían lo sucedido.
Detenciones ilegales y abusos. No es la primera actuación de la fiscal que ha generado polémica en el departamento de Tacuarembó, donde trabaja desde 2015. Lete ha instruído a la Policía varias detenciones que luego fueron declaradas “ilegales” por tribunales y acumula al menos tres denuncias en su contra, una de ellas presentada por otro fiscal.
En noviembre del año pasado el entonces titular de la Fiscalía de 1er turno de Tacuarembó, José Martín Galliazzi, denunció a Lete ante la Fiscalía de Corte por “diversas irregularidades”, según informaron varias fuentes. Denunció, por ejemplo, que la fiscal permitía el ingreso a la oficina y a la información de la Fiscalía de personas ajenas al servicio.
Esa denuncia derivó en una investigación administrativa que aún está en marcha, según informaron a Búsqueda fuentes de la Fiscalía. La semana pasada funcionarios de la sede central en Montevideo visitaron Tacuarembó para tomar declaraciones a los funcionarios.
Antes, otros funcionarios habían puesto en conocimiento de la Fiscalía General, por escrito, otras situaciones, como gritos y destratos de Lete hacia abogados, indagados y al equipo de trabajo.
Además, dos años atrás el defensor Gamba puso en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia irregularidades, abuso de poder y malos tratos protagonizados por la fiscal. La Corte, a su vez, comunicó la denuncia a la Fiscalía.
También un abogado particular denunció a Lete, esta vez por “coacción”.
Por otra parte, la fiscal ha requerido varias detenciones que fueron declaradas “ilegales” por tribunales de apelaciones penales, que hicieron lugar a recursos interpuestos por el defensor Gamba y cuestionaron la actuación de la fiscal y de la jueza de Tacuarembó de 5º turno, Carla Gómez.
Por ejemplo, en un fallo reciente al que accedió Búsqueda, el Tribunal de Apelaciones Penal de 3er turno señaló que el pedido de la fiscal de detener a varios individuos se basó en “un mero arbitrio”, ya que “se limitó a requerir orden de detención sin otro dato que la ‘investigación llevada a cabo con la Brigada Antidrogas’”.
“Y la Sra. Juez, lejos de exigir una mínima justificación del hecho con apariencia delictiva y la participación de los sospechados en el mismo, dispuso (la detención) sin fundamentación alguna”.
En otra sentencia, del Tribunal de Apelaciones Penal de 1er turno, que también anuló varias detenciones por “ilegales”, los ministros le recordaron a la fiscal que “ni la excesiva carga de tareas de quienes tienen a su cargo la persecución penal, ni las necesidades de una investigación, justifican la vulneración de las garantías judiciales reconocidas al imputado o el retraso de su puesta a disposición ante un juez”.
