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El objetivo de este registro es que las personas condenadas por estos delitos estén inhabilitadas a trabajar en instituciones donde puedan tener contacto con niños y adolescentes.
Hasta la semana pasada se habían incorporado dos personas a la lista, informa hoy El País. Para ese fin, Policía Científica abrió una nueva oficina con seis personas que se dedican a la tarea.
Para que una persona sea incluida en el registro, es necesario que un juez haya dictado condena firme por los delitos de violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal y corrupción de menores.
A partir de ahora y a raíz de un decreto firmado por Lacalle Pou en setiembre, ciertas instituciones privadas y públicas deberán exigir a sus trabajadores un certificado de no inscripción.
Eso abarca a instituciones educativas, de atención a la salud o deportivas que impliquen el contacto con menores.
Si una persona forma parte de esa lista, estará inhabilitada por diez años en principio para trabajar en ese tipo de instituciones. En caso de que tenga más de una anotación, serán 20 años.
El trámite de solicitud del certificado se gestiona de forma presencial en el Mercado Agrícola y el costo es de $ 123. El solicitante debe completar un formulario que es como una declaración jurada donde se establece por qué y para qué lo necesita. Si se avala se entrega la información.
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