El Ministerio del Interior contratará hasta 1.000 retirados policiales por el plazo de hasta cuatro años, prorrogable por un período de hasta dos, para cumplir tareas en todas las comisarías del país. Se trata de personal subalterno retirado. Su edad máxima será de 65 años. Las contrataciones se irán realizando en la medida que se vayan dejando sin efecto las contrataciones de becarios. Además, se crea una base de datos de identificación facial con fines de seguridad pública.
El mensaje presupuestal describe las acciones que se impulsan para mejorar la seguridad pública y la convivencia. En ese sentido, sostiene que se impartirán nuevas coordenadas de acción: “Para la Policía, respaldo. Para los delincuentes, la ley. Para la sociedad, un Estado garantizando convivencia y derechos, donde la seguridad pública es y será una prioridad”.
La iniciativa legislativa remarca que la guía será “la Constitución y la Ley” y la impronta de acción “autoridad y orden para más libertad y tranquilidad”, dice el texto. Las políticas de seguridad fueron uno de los puntos en los que más hizo hincapié Luis Lacalle Pou a lo largo de la pasada campaña electoral. Ahora en la ley madre del nuevo gobierno establece que el combate al narcotráfico será la principal batalla para garantizar la convivencia ciudadana.
“La batalla madre es contra el narcotráfico. Allí está el corazón del problema, porque sus efectos son los más erosionantes de la convivencia social. La droga genera crimen, genera adictos, genera familias lastimadas, desintegración y es la que motiva la escalada de violencia”, detalla el mensaje. Se anuncia un reordenamiento del Presupuesto para generar un incremento en los efectivos policiales, mayor patrullaje y más policías para garantizar la seguridad en los centros carcelarios.
