Una apuesta por quienes serán los protagonistas de la recuperación post-pandemia y la necesidad de que el Estado y en especial los funcionarios políticos den el ejemplo en contextos de crisis: esas fueron las principales motivaciones del presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, para no tomar el atajo -muy tentador en tiempos de crisis y emergencia- de crear nuevos tributos -incluso provisorios o “por única vez”- o aumentar los ya existentes para financiar el gasto público.
“En un momento, tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores y yo me negué rotundamente”, había revelado el primer mandatario uruguayo, al anunciar que no aumentaría ni crearía nuevos impuestos.
En momentos en que, en Argentina, el oficialismo promueve un proyecto que fija, por única vez, un impuesto a la riqueza -una tasa del 2% al 3,5% a las fortunas de entre $200 millones y $3.000 millones-, para recaudar más de $300.000 millones destinados, según sus promotores, a paliar los efectos de la pandemia, los argumentos del presidente del Uruguay para no seguir esa alternativa cobran especial significación.
Pero el presidente uruguayo no se quedó ahí y aclaró que la contracara de eso fue el impuesto a los funcionarios, “un impuesto del 20 por ciento del salario al Presidente, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de 1900 dólares durante dos meses”.
“Quisimos dar la señal -explicó Lacalle Pou- de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no los particulares, porque terminado esto, no es el Estado el que saca adelante a la población. Es el particular el que prende los motores, con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de las redes de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante”.
Por otra parte, el camino elegido por el kirchnerismo es poco transitado. Aunque el gobierno argumentó que en muchos países “se está evaluando” este tipo de medidas “como una herramienta necesaria para enfrentar el duro momento que afecta a toda la población mundial”, lo cierto es que en la mayoría de los casos se trató de iniciativas de la oposición que no prosperaron.
En Estados Unidos, fue la ex candidata demócrata Elizabeth Warren quien propuso un impuesto del 2% para los patrimonios superiores a los USD 50 millones y un 3% para los que superasen los USD 1.000.
“Muchos de los países en los que se evaluaron esos impuestos no tienen uno a los bienes personales como ya existe en la Argentina -aclaró el tributarista César Litvin-. Si se aprueba un impuesto a las grandes fortunas, aunque sea por única vez, estará gravando la misma base imponible que el impuesto a los Bienes Personales. Es una duplicación de impuesto sobre el mismo patrimonio”.
Chile no tiene un impuesto similar. Los principales impuestos son a la renta y al consumo.
