Los dos agentes, pertenecientes a la Zona IV (Oeste de Montevideo) fueron formalizados y la investigación podría relacionar estas detenciones con el asesinato del hincha de Nacional, Lucas Langhain, ocurrido en diciembre de 2019 en la zona de Tres Cruces.
Uno de los agentes fue procesado por tráfico interno de armas y concusión (coimas), en tanto una mujer policía fue formalizada por ser cómplice de concusión, informa hoy Subrayado.
La Justicia los procesó junto a otras cinco personas tras una investigación que se inició por otros motivos y que tuvo derivaciones inusitadas.
Intervino personal de Inteligencia policial y fueron necesarias escuchas telefónicas para determinar una red de corrupción que incluye tráfico de armas, de drogas, coimas y sicariato.
Las personas que recibían las armas de manos de los policías serían quienes proveyeron el arma al hombre que mató a Langhain, joven que casualmente caminaba por 8 de Octubre festejando la victoria tricolor. Un balazo tirado a la multitud lo mató.
Por ese hecho en su momento fueron procesadas tres personas, entre ellas el barrabrava de Peñarol Erwin «Coco» Parentini, largamente vinculado al crimen organizado en el país.
La investigación que derivó en estos nuevos procesamientos comenzó como un hecho de rutina.
El 1º de julio, la fiscal Mónica Ferrero recibió la denuncia de un hombre contra dos policías que retiraron dos armas de su casa.
El hombre relató que los uniformados de la zona VI le pidieron las armas en nombre de un jerarca policial.
Ferrero interrogó al jerarca policial, quien negó relación alguna con el hecho.
El denunciante había anotado la matrícula del patrullero, dato que resultó revelador. La investigación se orientó entonces al móvil policial y a sus ocupantes aquel día del retiro de las armas.
El sistema GPS reveló que ese coche estuvo efectivamente en la casa del denunciante.
La fiscalía ordenó la detención de los dos agentes. Uno de ellos quiso involucrar al otro en el tráfico interno de armas. La agente policial acusada dijo que solo había ido a acompañar.
Ferrero se concentró en el entorno familiar y contactos de ambos. El 22 de julio ordenó ocho allanamientos en la zona del Cerro.
La investigación se centró en una mujer y un hombre residentes en el Cerro que resultaron estar involucrados en el tráfico de armas. Las escuchas telefónicas permitieron conectar armas incautadas o robadas en distintos crímenes, entre ellos el de Langhain.
Los detenidos en los allanamientos del Cerro se dedicaban a «colocar» armas dentro del crimen organizado. Algunas veces a través de la venta, otras veces las «alquilaban» y luego las volvían a esconder para ser reutilizadas.
La fiscal Ferrero logró acuerdos (juicios abreviados) con todos los detenidos.
Puestos a disposición de la Justicia se condenó al policía S.N.P. “como autor penalmente responsable de un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones a la pena de cuatro meses de prisión, la que será sustituida por libertad vigilada”.
Por otra parte, la policía L.V.T. fue condenada “como cómplice penalmente responsable de un delito de concusión a la pena de seis meses de prisión (en calidad de libertad vigilada), pago de una multa de 50 U.R. e inhabilitación de dos años”.
Cinco personas más fueron también formalizadas por la fiscal Ferrero.
