El Consejo de Educación Secundaria sancionó a 23 de los 25 inspectores y coordinadores que habían respaldado públicamente a la fórmula de Daniel Martínez y Graciela Villar para el balotaje.
«Los inspectores y coordinadores del Consejo de Educación Secundaria (CES) constituimos el cuerpo técnico nacional de mayor jerarquía en nuestra institución. Somos profesores de carrera y hemos accedido a nuestros puestos de trabajo por llamado o concurso de oposición y méritos. En tanto mediadores de políticas públicas, hemos resuelto apoyar la fórmula Martínez-Villar”. Así comenzaba el texto con el nombre de 25 docentes antes del balotaje. Cuatro meses después, Secundaria decidió sancionar a 23 de ellos y exoneró a dos que se habían jubilado.
A nueve de los profesores, que además de figurar en la carta la difundieron en redes sociales, se los penalizó con cinco días de suspensión y la pérdida salarial por ese lapso. Para el resto, la sanción se reduce a tres días.
¿El motivo? Los consejeros de Secundaria entendieron que es “reprochable” que en el apoyo expreso de los inspectores y coordinadores a la fórmula presidencial del Frente Amplio hayan sido mencionados sus cargos en el CES.
Así lo expresa la resolución que el lunes firmaron los consejeros y que deja a mitad de camino las recomendaciones que había hecho la división jurídica del propio Consejo. Es que según el informe jurídico -que el CES declaró reservado hasta que sean notificados todos los docentes-, los firmantes de la carta pudieron haber violado la laicidad e incluso pudieron haber incurrido en proselitismo.
La sugerencia jurídica había sido el inicio de un sumario en el que, de constatarse proselitismo, los docentes serían destituidos. De hecho la directora de un liceo de Salto que había autorizado una charla “antirrobo” había sido sumaria por dos años y medio y en dos ocasiones los consejeros de Secundaria pidieron su destitución (luego el Codicen dio marcha atrás).
Por este motivo, el consejero del Codicen Óscar Pedrozo evalúa recurrir a la resolución de Secundaria para que se incluya la violación de la laicidad y el proselitismo. Según había advertido el consejero en noviembre, ni bien salió a la luz el caso, se define como proselitismo político aquel “que se dedica a convencer a nuevos seguidores para alguna causa política, como una elección, una rebelión, o cualquier otro tipo de movimiento. Empeño o afán con que unas personas o institución tratan de convencer o ganar seguidores o partidarios para una causa o una doctrina”. Y siguiendo esta definición, decía el jerarca, podría haber un incumplimiento de la Constitución y del estatuto docente.
Para Pedrozo, la misiva de los profesores tenía un agravante: la Justicia había cuestionado la actitud de las autoridades educativas en no haber impedido la colocación de un cartel contra la reforma constitucional sobre seguridad situada en la fachada de liceo N° 28 de Montevideo.
Pero en Secundaria entienden que en la carta no hubo proselitismo. Todos los docentes respondieron que dieron su consentimiento para ser parte de la carta de apoyo al Frente Amplio, pero que su intención no era “convencer” a nadie.
Secundaria terminó ayer de notificar a los 23 docentes. Desde hoy se habilita un plazo de diez días para recurrir. Daniel Parrilla, abogado de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y asesor legal de los inspectores y coordinadores involucrados, dijo que evaluará con sus representados qué pasos dará.
A su entender, los inspectores y coordinadores “no incurrieron en ninguna falta administrativa: no violaron el proselitismo, no hicieron su adhesión en el marco de la institución ni en su desempeño profesional, ni siquiera existió el ejercicio de influencia alguna respecto a sus pares o subordinados”.
-¿El llamarse inspectores y coordinadores del CES y, además, decir que son el cuerpo técnico de mayor jerarquía de la institución no es una manera de actuar en el marco institucional?
-No. Fue una manera de identificarse, pero no representar una institución. Esto es mero ejercicio de la libre expresión.
Parrilla es abogado de Fenapes desde hace un cuarto de siglo, y durante todo este tiempo no ha visto “un antecedente similar” a la resolución de Secundaria. “Hubo casos puntuales vinculados al principio de laicidad, pero no recuerdo algo así”, dijo a El País.
El pasado octubre, en el marco de la misma campaña electoral, se había viralizado un video en que unos niños de educación inicial cantaban en un ómnibus el jingle del Frente Amplio. El Consejo de Educación Inicial y Primaria había estudiado el caso y había concluido que habían sido los niños quienes dieron inicio al cántico y la maestra había intentado frenarlos. Por eso la maestra recibió una “advertencia verbal”.
En el caso de la carta de los inspectores y coordinadores de Secundaria, los adherentes terminan el texto diciendo: “A defender lo logrado, con el compromiso de hacerlo mejor”, en clara alusión al eslogan del partido de coalición de izquierda. Sin embargo, la mayor parte de la misiva se dedica a enumerar aquellas políticas educativas, de la era frenteamplista, que al entender de esos docentes fueron positivas.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi, que en la Legislatura pasada era diputada e integraba la Comisión de Educación, había tuiteado dos días después de divulgada la carta:
“Es muy grave fomentar el miedo; penalmente puede configurar violencia privada. Estoy recibiendo MUCHAS (sic) llamadas de profesores que están siendo visitados por los Inspectores que firmaron la adhesión al FA: les ‘sugieren’ que si gana la oposición pueden perder su fuente de trabajo”.
Bianchi había dicho entonces a El País que tenía varios testimonios de eso: “A cada rato tengo quejas de que los inspectores han aumentado las visitas a los liceos y les sugieren (a los profesores) que se van a hacer transformaciones si gana la oposición”.
Además, la hoy senadora sostuvo que los docentes que se comunicaban con ella denunciaban “presiones de los inspectores, miedos y temores, porque les dicen cosas que supuestamente van a pasar”.
El País intentó comunicarse con los consejeros de Educación Secundaria, pero a través de su encargado de prensa se excusaron de hacer declaraciones hasta que el caso quede laudado y fuera de reserva.
