Pedirán desarchivo de causa de contrato “coimero y genocida” con UPM, el denunciante, Gustavo Salle, hará valer la “confesión” de Tabaré Vázquez sobre la contaminación del Santa Lucía.
El abogado y ex candidato presidencial Gustavo Salle se presentará ante la Justicia para pedir, nuevamente, el desarchivo de la denuncia que tiempo atrás presentó sobre el contrato que el Estado uruguayo firmó con UPM para la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa.
El denunciante difundió su accionar “por las dudas que algún uruguayo quiera acompañar”. El pedido será presentado el próximo 2 de marzo de 2020, un día después que asuma funciones el gobierno electo.
Consultado por Ecos, Salle explicó que la fecha elegida responde a que habrá nuevas autoridades, que tendrán acceso a una cantidad de información que, hasta ahora, no está disponible.
El abogado puso así sus fichas a que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente estará comandado por Cabildo Abierto, un partido que es integrado además por el diputado electo Eduardo Lust, que está a la cabeza de una serie de acciones contra los compromisos firmados entre el actual gobierno y la multinacional.
La apuesta es, precisamente, a que las nuevas autoridades aportan nuevos elementos a la investigación. Sobre todo, en lo que refiere a los estudios de impacto ambiental y los efectos que la nueva planta tendrá en la contaminación del río Negro.
Salle adelantó que el pedido de desarchivo será presentado con un nuevo enfoque. Si bien incluirá la sospecha de “coima” y “corrupción” en la firma del contrato, el abogado apostará a la “confesión” que este lunes hizo el presidente Tabaré Vázquez.
En conferencia de prensa, el actual mandatario le planteó al gobierno electo la necesidad de construir una planta de procesamiento de lodo para la cuenca del río Santa Lucía, además de una nueva represa para abastecer de agua potable al área metropolitana. Todo a un costo de US$ 150 millones, según cifras oficiales.
“El mismo que entrega el agua a UPM, ahora confiesa que tiene el agua contaminada”, señaló Salle, al explicar que acusará a las autoridades de denegar el acceso a la población a un bien fundamental para la vida, como es precisamente el agua potable.
El abogado recordó que en 2016 había denunciado a Vázquez y al entonces directorio de OSE ante la Justicia penal por la contaminación del río Santa Lucía. “No se animaron a investigar, archivaron”, lamentó.
