Con una excepción, la oposición rechazó el proyecto, ya que pretendía discutirlo en el próximo período con “más profundidad”.
Con 51 votos en 84, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que establece una amplia regulación sobre la distribución y consumo de alcohol, una de las grandes prioridades marcadas por el gobierno de Tabaré Vázquez.
La decisión, forzada por el Frente Amplio en una de las últimas sesiones del Parlamento en la que contará con mayoría, a la que se sumó en solitario Iván Posada (PI), abre una serie de interrogantes.
En primer lugar, si se será el Poder Ejecutivo el que reglamentará el extenso articulado para que la ley cobre vigencia.
Los nacionalistas, fuertemente críticos de algunos contenidos del proyecto, deslizaron la posibilidad de que el próximo gobierno termina por revisar la iniciativa.
El diputado Jorge Gandini cuestionó en ese sentido el “apuro” del actual oficialismo por votar el proyecto ahora, en lugar de habilitar a que, luego del 15 de febrero, el nuevo Parlamento retome el debate con más profundidad.
Desde el Frente Amplio, Sebastián Sabini (MPP) lamentó a su vez que la oposición se negará a apoyar el proyecto, ante la necesidad de regular el consumo problemático del alcohol, una problemática que afecta a más de 260 mil personas en Uruguay.
La ley justamente busca prevenir ese consumo problemático y además retrasar la edad de inicio del consumo, valiéndose de políticas públicas en los ámbitos educativo, comunitario y familiar.
Así, se considerará “bebida alcohólica” toda aquella cuya graduación sea igual o superior a 0,5% de su volumen.
Se creará, en el Ministerio de Salud Pública, un registro obligatorio de vendedores, que deberán contar con la licencia o permiso correspondiente para comercializarlas.
Sus locales exhibirán una leyenda que claramente informe que están habilitados para esa actividad, que estará prohibida entre las 0 y las 6 horas.
Quedarán a su vez fuera de la ley la realización de concursos, torneos o espectáculos públicos, con o sin fines de lucro, que promuevan la ingesta de alcohol, a excepción de las modalidades de cata o degustación.
Además de quedar prohibido venderles, los menores de 18 años no podrán ser utilizados en publicidad de este tipo de bebidas, que a su vez no podrán transmitir “virtudes o ventajas”, para la salud pública o individual, del consumo de alcohol.
Tampoco se podrá asociar a estas bebidas con significados y comportamientos que expresen una mejora del rendimiento físico, intelectual, laboral o sexual, les atribuya propiedades terapéuticas o de éxito social.
La prohibición alcanza al uso de figuras públicas o personalidades conocidas que asocien su éxito o reconocimiento al consumo.
Los comerciantes, a su vez, no podrán empaquetar este tipo de bebidas, como promoción, junto a otro producto.
La ley dispone la creación de una Mesa Coordinadora de Fiscalización del Mercado de Bebidas Alcohólicas, integrada por el Poder Ejecutivo,que tendrá a su cargo el control del cumplimiento de la normativa.
Las sanciones previstas van desde una observación o apercibimiento, hasta multas de 100 mil unidades reajustables y la clausura definitiva del establecimiento infractor.
