El lunes entrará en vigencia una nueva concesión millonaria a una empresa privada para la lectura de medidores.
La Federación de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) advirtió en las últimas horas sobre la “mayor privatización de los últimos tiempos” en torno a un servicio prestado por ese ente.
Es que, el próximo lunes, la empresa Transamerican, cuya razón social es Tergal SA, pasará al gestionar el servicio de medidores en Montevideo, utilizando hardware y software propios.
Se trata, denunció el sindicato, de la entrega del servicio por 24 meses, con lo que la decisión excederá largamente este período de gobierno.
Entre otros puntos, se subraya que uno de los ítems del pliego de licitación, “experiencia como proveedor”, se establecieron disposiciones que “redundaron” en el resultado final a favor de la firma adjudicataria.
Únicamente se presentaron dos empresas, y una fue eliminada por “apartamientos sustanciales” a las condiciones del pliego.
“Casualmente, la licitación la ganó la misma empresa que hace años tenía el servicio y que, por mala gestión, OSE tuvo que retomar”, aseguraron los trabajadores.
Se trata, por otra parte, de la misma firma que suministra actualmente personal al ente para la toma de consumos.
Según la denuncia de FFOSE, Transamerican le cobrará a OSE $ 20,94 más IVA por cada consumo tomado, lo que sumará un total de $ 25,75.
Hoy por hoy en Montevideo cada toma consumo atiende unos 280 servicios por día, por lo que la empresa ganadora le cobrará al ente, por jornada y por trabajador, unos $ 7210.
El monto total de la licitación aprobado por el organismo es de poco más de $ 223 millones, casi US$ 6 millones.
Así, según la visión gremial, la situación provocará que los trabajadores actuales se vean obligados a renegociar con la empresa todos los beneficios salariales y laborales obtenidos hasta ahora.
Para el sindicato esta “privatización” está motivada por la “mala gestión” de la Administración y por el “interés permamente de las autoridades de ir fragmentando al organismo e ir entregándolo al capital privado”.
Además, según denunciaron los trabajadores, constituye una acción que “apunta directamente a que las organizaciones gremiales se debiliten”, al instalar en un mismo ámbito realidades jurídicas y laborales diferentes.
Como forma de rechazo a la medida, el sindicato convocó para el próximo lunes a una movilización de sus afiliados en la zona metropolitana ante el edificio central de OSE. Será en el marco de un paro de actividades entre las 10 de la mañana y el mediodía. En el interior, en tanto, se realizarán asambleas informativas.
La situación planteada por el sindicato de OSE se enmarca en lo que a nivel sindical se considera una alerta por el incremento del proceso de tercerizaciones a todos los niveles.
Según las últimas cifras del PIT-CNT, el fenómeno afecta a unos 270 mil trabajadores. Unos 120 mil lo hacen para el Estado, aunque técnicamente sean empleados de empresas privadas. En algunos casos, las diferencias salariales rondan el 70%, para las mismas secciones y los mismos cargos.
En abril de este año FFOSE concurrió ante la Comisión de Legislación del Trabajo a denunciar su problemática.
Según lo afirmado, son 70 los trabajadores que, hace más de una década, se despeñan en como toma consumos en forma tercerizada.
El dirigente Richard Ferreira avizoraba entonces la concesión que entrará en vigencia el lunees, que hará que la tarea deje ser ser considerada un suministro y pase a ser un servicio.
Implicará, afirmaba, que a la empresa ganadora se le de el “paquetito completo”.
Hasta ahora, relató, la firma solo debía aportar la mano de obra. Pero el nuevo llamado incluyó locación, locomoción e instrumentos.
Además, la nueva licitación implicará para muchos funcionarios “arrancar de cero” en cuanto a su antigüedad.
Según los trabajadores, la empresa ganadora es la misma que, desde hace ocho años y con distintos nombres, viene ganando todas las licitaciones.
En el nuevo pliego,además, OSE dejó en claro que no mantiene ningún tipo de vínculo contractual con los toma consumos.
Según las cifras aportadas por los trabajadores, la última licitación rigió por nueve meses y fue por más de $ 32 millones. Pero, si a los trabajadores tercerizados los presupuestaran por ese período, el ente solo debería haber invertido $ 19 millones.
Eso es lo que paga la firma estatal por el servicio en el interior, que sigue siendo prestado por funcionarios propios.
El sindicato afirma que por cada tercerizado OSE paga $ 90 mil, pero que el trabajador recibe un salario nominal de $ 30 mil. El resto se lo embolsa el privado.
Según el sindicato, en toda la empresa hay unas 1000 personas que se desempeñan, en diversas tareas, a través de esa modalidad.
