Mediante declaración pública emitida en las últimas horas, el Frente Amplio de Treinta y Tres informa que le solicitó a las autoridades competentes replantear la discusión en torno a la ampliación del área natural protegida Quebrada de los Cuervos. Eso no puede dejar de interpretarse como una acción puramente política para frenar esta iniciativa.
Después de explicar que hubo una reunión en la sede central del FA en Montevideo para tratar este tema, y de expresar su voluntad de atender responsablemente las cuestiones ambientales, el comunicado llega a su punto central con éstas palabras:
“Por las consecuencias que esta determinación tiene en la sociedad con actores fuertemente involucrados con la preservación ambiental y el desarrollo productivo del departamento, se plantea la necesidad de ampliar y profundizar el involucramiento de la sociedad y de los actores institucionales, por lo que se solicita al MVOTMA realizar una adecuación de los procesos y los plazos a cumplir, en atención a las sensibilidades locales identificadas.”
José Olascuaga, voceo del FA que dio a conocer esta declaración, agregó que “se reconoció por parte del Director de la DINAMA y del Ministerio que había habido un apresuramiento, y nosotros desde lo local planteamos que algo tan sensible como es la ampliación de un área protegida, requiere de mucha discusión y de mucho análisis, de participación no solamente de los actores involucrados, sino también de toda la sociedad.”
Realmente llama la atención tanta preocupación para propiciar un proceso participativo que necesita tiempo e involucramiento de toda la sociedad, si se trata de ampliar una protección ecologista, cuando vemos constantemente apresuramiento y hermetismo si se trata de autorizar operaciones extractivas de altísimo impacto ambiental. Lo vivimos muy especialmente con el caso ARATIRÍ y en la actualidad lo estamos viviendo con UPM 2.
¿Por qué el FA no actuó con la cautela con que hoy actúa para ampliar un área natural protegida, cuando el país entero reclamaba información y participación en el caso ARATIRÍ? ¿No ameritaría la discusión que hay en torno a UPM 2 solicitar también “una adecuación de los procesos y los plazos a cumplir, en atención a las sensibilidades identificadas”?
Sería deseable que la cautela y la moderación se aplicaran siempre, y no solo cuando se proponen medidas ambientales tendientes a proteger bienes como el agua y la biodiversidad, verdaderos tesoros naturales que están a nuestro cuidado pero que no nos pertenecen, pues solo somos sus custodias para las próximas generaciones.
Aníbal Terán Castromán
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