El Ministerio del Interior, la Fiscalía de la Nación y la Suprema Corte de Justicia acordaron limitar la libertad vigilada y establecer que los delincuentes cumplan en prisión la totalidad de la pena en los casos de delitos graves. De esta manera, los fiscales podrán seguir acordando con las defensas de los delincuentes pero la pena fijada deberá ser cumplida en la cárcel y no parte en prisión y parte con libertad vigilada, como viene ocurriendo.
Según informaron participantes de la reunión a El Observador este miércoles se acordó que tres asesores, uno por cada organismo, redactarán el proyecto de ley que ingresará al Parlamento en los próximos. En la exposición de motivos se aclarará que debido a que se le ha dado un uso «no adecuado» al instrumento previsto en el Código del Proceso Penal (CPP) se lo acotará.
El proyecto de ley se redactará en el marco de la comisión de seguimiento, encargada de realizar ajustes al funcionamiento de la norma que se viene aplicando desde noviembre de 2017. La libertad vigilada ya existía pero al ponerse en marcha el CPP que implica la posibilidad de que las defensas establezcan acuerdos con la Fiscalía, se comenzó a hacer usar mucho más el instrumento que permite que algunos delincuentes cumplan una parte de la condena en la cárcel y el resto en libertad, controlados por la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA).
Según informó el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak, a los medios que esperaban a la salida de la reunión, el beneficio de la libertad vigilada no dio los resultados esperados y por eso se restringirá su aplicación.
Se espera que una vez que sea enviada al Parlamento la ley tenga una rápida aprobación. Los legisladores tienen tiempo hasta setiembre para aprobar leyes debido a que en octubre se realizan las elecciones nacionales.
