La jueza destacó la valentía del joven cuando en audiencia «escuchaba cómo su médico tratante describía las altas probabilidades de morir».
El Juzgado de Familia de 19° Turno de Montevideo condenó al Fondo Nacional de Recursos (FNR) a cubrirle a un adolescente de 16 años el procedimiento de implantación de un cardiodesfibrilador para evitar que sufra un episodio de muerte súbita.
El adolescente de 16 años, que pidió no ser identificado, tiene una miocardiopatía congénita, contó a ECOS el abogado del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, Juan Cerreta, que estuvo a cargo de la acción de amparo que se inició para que el menor pueda acceder al dispositivo implantable.
Cuando tenía tres años «pasó por una serie de operaciones graves que más o menos la fue llevando como pudo», señaló. Esta malformación en el corazón la heredó de su papá, que al momento de nacer su hijo aún no sabía que padecía esta enfermedad. Hoy, el hombre espera por un trasplante de corazón.
Este año, en marzo, el adolescente ya había tenido que recurrir a la Justicia para que le realizaran un procedimiento de ablación que consiste en una cauterización de una parte del corazón, indicó.
«Se ganó el amparo, se le hizo la ablación, salió todo perfecto y ahora el paso siguiente es colocarle un cardiodesfibrilador porque tiene riesgo de tener un episodio de muerte súbita», explicó el abogado.
Una vez más, el adolescente debió concurrir a la Justicia porque el FNR solo cubre el cardiodesfibrilador en lo que denominan «prevención secundaria», cuando la persona tuvo un muerte súbita y lo pudieron salvar. Aunque el paciente tenga «altísimas chances» de tener un episodio de esta naturaleza el Estado no se hace cargo del costo del tratamiento si antes no se le detuvo el corazón y se lo reanimó, añadió.
«En este tipo de casos existe certeza que lo necesita porque no sabemos cuando al chiquilín le va a pasar pero no sabemos cuando, si mañana o dentro de un año. Lo que no tiene gollete es que por ahorrar 300 mil pesos – este es el costo del cardiodesfibrilador- corramos ese riesgo», afirmó Ceretta.
La noticia de poder acceder a este dispositivo implantable generó mucha alegría en sus padres y en el adolescente a pesar de que «tiene mucho miedo» por todo lo que implicará la intervención, agregó.
Lo particular de este caso es que en la sentencia, la jueza letrada Virginia Ginares Echenique le dedica un largo párrafo al adolescente que vive en Maldonado y está cursando 5° año de liceo, que ahora piensa en ser veterinario y que le hubiera gustado jugar al fútbol.
«Ha de analizarse en primer lugar los derechos humanos que se encuentran amenazados o vulnerados, verbigracia, la vida, la salud, la integridad y la igualdad. Si los padres tuvieren dinero, esta acción probablemente no se hubiera instaurado», aseguró la magistrada.
Ginares describe la valentía que tiene el joven «cuando escuchaba cómo su médico tratante describía las altas probabilidades de morir» en la audiencia. «Su madre lloraba y él seguía prestando atención, como sólo puede hacerlo quien ha debido madurar a fuerza de aprender que todos somos mortales», narró la jueza en el texto de la sentencia.
«Vive en el interior del país, con problemas de salud en los últimos 13 años y desde que tenía 3 años, presenta varias intersecciones de vulnerabilidad, tanto estructurales como coyunturales, que afectan su derecho a la igualdad de oportunidades, en el trato médico y en el derecho a una vida digna como persona en desarrollo», prosiguió.
«La gravedad de la violación del derecho a la salud es tal, que se encuentra en riesgo de morir como declararon los médicos tratantes», afirmó la jueza. Frente a la imposibilidad de la ley de dar respuesta a la violación del derecho, corresponde a la Justicia «interpretarla de tal manera que se adecue al respeto de los derechos humanos de la persona», concluyó.
