A menos de tres meses de su desembarco en Uruguay y sin definición sobre una normativa que regule su actividad, Grin, la empresa pionera en instalar el sistema de monopatines eléctricos comenzó a ser objeto de graves denuncias a nivel laboral.
Más de 35 trabajadores llegaron y se fueron de la firma en este breve lapso, debido a las pésimas condiciones de trabajo. Así lo denunció este miércoles en el Parlamento una delegación de la Federación Uruguaya de Comercio y Servicios (Fuecys).
La mayoría de los casi 50 empleados no depende, en los hechos, de Grin. Su vínculo es con Manpower, la agencia especializada en la provisión de recursos humanos. Así lo explicó a ECOS el dirigente Raúl Ferrando.
Hasta hace poco, Grin funcionaba en un local cercano a la Facultad de Medicina. Según Ferrando, se trataba de un garage, sin ventilación, en el que debían desempeñarse unas 15 personas por turno.
El local, subarrendado y en un subsuelo, poseía una única entrada y carecía de ventanas. Tampoco de instalaciones sanitarias. El único recurso era un baño químico, que según los testimonios jamás era limpiado.
Para desempeñar su tarea, los trabajadores debían recurrir a improvisar “mesas” con los pallets en los que llegaban embalados los monopatines. Para sentarse, debían recurrir a espuma plast.
El principal problema de los planteados por la denuncia, presentada ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, fue relativo a la seguridad en la debían desempeñar su trabajo, en particular recargar las baterías de los vehículos.
Según Ferrando, podía haber varios cientos de monopatines cargándose al mismo tiempo, con alargues extendidos a lo largo del piso donde corría el agua.
Las baterías, dicen los trabajadores, se recalientan con facilidad. Muchas comienzan a largar humo tóxico mientras son cargadas, y deben ser desconectadas para que no se incendien.
La denuncia también implica al estado de los triciclos en los que se recogen y vuelven a ponerse en la calle. Directamente, no tienen frenos. Una situación que la empresa ordenó a los trabajadores ocultar, con la recomendación de “frenar a rebaje”.
Ferrando apuntó contra el modelo de precarización laboral que representan firmas como Grin, que vienen al país, se instalan y generan un compromiso con el consumidor a partir de las facilidades que significa su uso.
Según los números de la Federación, en Uruguay Grin está obteniendo récords de uso en comparación con la población.
La Fuecys intenta ahora corroborar el nuevo emplazamiento de la empresa. Es que, después de una lapidaria inspección de Bomberos, debió abandonar el local que utilizaba.
Ferrando dijo que se sospecha que se ubicó en las inmediaciones de Millán y Bulevar Artigas.
La mayoría de los trabajadores que pasaron por Grin son menores de 30 años. Los salarios rondaban los 25 mil pesos nominales, que podía llegar a los 30 mil en el caso de los encargados.
La Federación persigue también la intención de armar un núcleo sindical en la empresa. Junto a la delegación que fue al Parlamento se encontraba un ex trabajador, despedido por haber intentado construir un sindicato.
Desconocimiento absoluto
La denuncia sorprendió a los legisladores, que delinearon una serie de acciones. “Se trata de un desconocimiento absoluto de las normas que rigen el derecho laboral”, dijo el diputado Luis Puig (PVP-FA).
La comisión resolvió convocar a la empresa para que efectúe sus descargos. También al Ministerio de Trabajo y a la Inspección General de Trabajo.
Además, se procura saber si la Dirección Nacional de Medio Ambiente conoce y hace un seguimiento sobre el destino que se le da a las baterías descartadas, altamente contaminantes.
