Una resolución firmada este lunes en el Consejo de Ministros declara de “interés nacional y urgente consideración” las obras relativas al financiamiento, el diseño, la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la línea férrea que se extiende desde el Puerto de Montevideo hasta Paso de los Toros, así como también todas sus obras adicionales.
Se trata de la vía férrea que usará UPM para exportar su producción de pasta de celulosa en caso de confirmar la instalación de una nueva planta sobre el río Negro.
La resolución, firmada por el presidente Tabaré Vázquez, se afirma que la reconstrucción del Ferrocarril Central constituye un “fuerte impulso” al desarrollo de infraestructura de calidad, en momentos en que el país se propone alcanzar “altos índices” en ese aspecto.
“Las infraestructuras a construir beneficiarán a una amplia gama de actividades productivas del país, profundizando el impacto de la descentralización y desarrollo de las regiones norte y noreste”.
El gobierno justificó la decisión en la “prioridad” que tiene la construcción, por lo que “se debe proceder en forma urgente” a su ejecución, lo que redundará “en un beneficio para el país en el plano del desarrollo social y económico”.
La resolución causó sorpresa en ámbitos parlamentarios y será uno de los temas que deberá explicar el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, cuando comparezca este miércoles en una comisión de Diputados.
Rossi, precisamente, fue convocado para informar, entre otros asuntos, de los pormenores del proyecto y responder a los cuestionamientos de los vecinos afectados por el nuevo ferrocarril.
El gobierno tiene hoy abiertos varios frentes que aplazaron su objetivo de tener encaminados los detalles que posibiliten que UPM confirme su Declaración Final de Inversión.
Las obras de la vía férrea no pudieron comenzar ya que le falta el aval ambiental. La autorización está frenada por un conflicto en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), luego que se suspendieran licencias acelerar el proceso.
También debería llegar el visto bueno de las intendencias involucradas en relación al impacto territorial que tendrán las obras.
Por otra parte, el gobierno sigue sin poder el cerrar el acuerdo que le permita a UPM tener “reglas claras en cuanto al manejo de conflictos.
El año pasado durante una presentación pública, la empresa finlandesa había ratificado que buscaba que los trabajadores no puedan adoptar la ocupación o la paralización como primera medida sin haber atravesado por instancias previas de diálogo.
El problema es que Vázquez pretende que las cámaras empresariales avalen, en un documento a presentarle a UPM, que las ocupaciones son una extensión del derecho de huelga, pero ninguna aceptó firmar.
Por su parte el Sindicato de la Construcción (Sunca) no aceptará ningún acuerdo que no establezca ese derecho.
