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Una niña de 11 años que quedó embarazada producto de una violación fue obligada a dar a luz en la semana 23 de gestación mediante una cesárea en el hospital Eva Perón de la provincia de Tucumán (Argentina), informa TN, pero según el colectivo Ni Una Menos de aquel distrito la intervención se habría realizado sin el consentimiento de la familia, que había solicitado que se practicara un aborto.
«La expusieron a una tortura de dos meses, la obligaron a parir. Exigimos que funcionarios implicados en esta violación de los derechos de la menor sean investigados y expulsados de sus cargos», comunicó la agrupación desde su cuenta de Facebook. A su vez, asociaciones estudiantiles y colectivos feministas en general organizaron protestas frente a la sede del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) para repudiar su accionar.
Aquella pequeña quedó embarazada tras haber sido abusada por la pareja de su abuela, un hombre de 65 años. Su caso salió a la luz hace un mes cuando diversos organismos hicieron público que la víctima del ataque sexual y su familia estaban sufriendo presiones de funcionarios provinciales para evitar interrumpir el embarazo no deseado.
Según las denuncias públicas de los organismos de derechos humanos, la pequeña habría solicitado concretar un aborto de forma voluntaria apenas supo de su estado de gestación.
Asimismo, en la causa judicial consta un acta donde se evidencia que la chica dijo: «Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo».
Este miércoles se dio a conocer a través de las redes sociales y algunos medios periodísticos un aparente comunicado de prensa que habría sido emitido por el Ministerio de Salud Pública provincial, donde se solicita que «se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas».
Es decir, que el Ejecutivo habría incurrido en la intervención aplicada sobre la menor. No obstante, el texto no figura en sus redes ni tampoco en su sitio web, aunque aquella cartera no aclaró el asunto y la cesárea ya se produjo.
Así, organismos como Amnistía Internacional repudiaron el hecho, calificándolo como «violencia institucional».
Según el sistema legal argentino, la menor tenía el derecho de interrumpir su embarazo voluntariamente por haber sufrido una violación, a partir de lo estipulado en un fallo de la Corte Suprema del 2012.
En aquella oportunidad, los jueces instaron a las provincias a adaptar sus protocolos de atención a disposición de las gestantes que no quieran ser madres, ante las siguientes circunstancias: que corra peligro su vida o su estado de salud, o que el embarazo se produzca por un abuso, como el caso ya mencionado.
Por otro lado, el año pasado el Parlamento de ese país sudamericano debatió el proyecto de ley para legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, pero finalmente no fue aprobado por la Cámara de Senadores.
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