La empleada del Banco de Previsión Social (BPS) se encoge de hombros y dice que lo siente mucho pero en esa oficina no se puede pagar con tarjeta de débito.
No hay cómo hacerlo. Es viernes, son las diez y poco de la mañana, y estoy en la oficina de ajustes y retenciones, en un extremo del segundo piso del edificio viejo del BPS, para intentar devolver al banco más de 20.000 pesos que me depositaron por error. No quiero deberle dinero al Estado, pero parece que esa no será una misión fácil de cumplir.
La historia que sigue empezó a fines de enero, cuando me llegó un correo del BPS que informaba que en unos días recibiría un “cobro indebido”. Y así sucedió: en los primeros días de febrero el BPS transfirió a mi cuenta el doble del dinero que debía pagar por estar en seguro de desempleo.
“¿Cómo debo hacer para devolver el dinero?”, pregunté en el teléfono 1997. Como si fuera casi un secreto de Estado, del otro lado la operadora me informó que ella no podía decir nada, que debía acudir a la oficina de ajustes y retenciones para ver los pasos a seguir para devolver esos miles de pesos.
Los ventiladores de techo dan un poco de aire fresco -muy poco- en un viernes sofocante adentro del edificio del BPS. “En este mostrador no se atiende al público, no insista gracias”, avisa un cartel en una oficina donde una empleada está sentada frente a una computadora y mira para otro lado. Que a nadie se le ocurra preguntar algo.
A unos metros de allí converso con la funcionaria que me atendió, quien me explica que hay dos formas de saldar el “cobro indebido”. Una es firmar un convenio en cómodas cuotas: debería ir una vez por mes al banco a pagar. La otra es abonar en el momento, pero solo en efectivo o con un cheque.
El BPS no acepta tarjeta de débito ni de crédito. Tampoco permite que haga una transferencia bancaria. O sea, debería ir con los 20.000 pesos en la billetera. ¿Y si me roban en el camino entre el cajero automático y la caja del banco?
Está claro: el BPS aún no se ha adaptado a estos tiempos de inclusión financiera, la misma que el Ministerio de Economía y Finanzas promueve con mucha fuerza en el sector privado desde que se votó la ley 19.210 el 29 de abril de 2014.
Pero este no es un caso extraño en el Estado: hay varias oficinas públicas en Montevideo y en el interior que todavía no aceptan el pago con medios electrónicos.
En el Registro Civil de la Peatonal Sarandí no aceptan débito para los diferentes trámites que allí se realizan, desde casamientos a partidas de nacimiento.
Si usted va al Ministerio de Relaciones Exteriores para realizar trámites como apostillados o legalizaciones de documentos, lleve billetes. Allí solo se puede pagar con efectivo.
Y la lista sigue. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acepta solo cheques o efectivo en sus cajas. Lo mismo sucede en las cajas del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), aunque allí prevén actualizar el sistema y aceptar débito en el futuro. “Lo estamos estudiando”, dijo Laura Morixe, gerente del Área Comercial.
También explicó que el porcentaje de operaciones que se hacen en el mostrador del BHU es bajo, porque es posible pagar por redes de cobranza o transferencia.
Algo similar sucede en la Dirección General Impositiva (DGI), donde no aceptan débito en los pagos en las oficinas, pero la mayoría de los trámites se pueden abonar en redes de cobranza.
La situación se repite en el Banco de Seguros del Estado (BSE), donde los usuarios que van a pagar allí están obligados a llevar efectivo o cheques. La subgerente general Graciela Vidal, a cargo del proyecto de eliminación del efectivo, explicó que la idea es incorporar los POS a corto plazo para los cobros puntuales en el banco y eliminar las cajas para los pagos, que pasarán a hacerse por transferencia bancaria.
El tema de incorporar los POS se ha planteado muchas veces en el directorio del BSE, pero los encargados de informática habitualmente responden a los superiores que el sistema rector impide incorporar los aparatos y el pago electrónico, según supo El País.
En el Teatro Solís, en tanto, el pago con débito o crédito está habilitado solo para algunas obras y no para otras.
Por su parte, UTE y OSE no realizan cobranzas en las oficinas comerciales: todos los pagos se hacen en locales de Abitab o Redpagos. En las oficinas del Correo sí se puede pagar con tarjeta y también en las de Antel, salvo para el pago de facturas con tarjeta de crédito.
La Intendencia de Montevideo (IMM) acepta el pago online con diferentes tarjetas y para algunos trámites (no todos) dentro del Palacio Municipal. Así, por ejemplo, se da la contradicción de que no aceptan que se pague la tarjeta STM con débito (se cobra cuando un usuario la pierde) pero sí permiten que se use si se van a comprar boletos.
Distinto es el caso del Banco República, donde los pagos en caja habitualmente son de clientes del banco y se debitan de las propias cuentas, según explicaron a El País desde el departamento de comunicación.
Desde el 11 de febrero pasado quienes reciben jubilaciones y pensiones pueden optar por cobrar en efectivo en Redpagos, Abitab, Anda y El Dorado. Lo mismo corre para los haberes sucesorios, asistencia a la vejez, rentas AFAP y retenciones judiciales. La otra opción es seguir cobrando con una cuenta bancaria en un banco o en instituciones emisoras de dinero electrónico (como Mi Dinero, Prex y Anda).
Quienes ya están cobrando una prestación y desean seguir cobrando de la forma que lo hacen ahora, no deben realizar ningún trámite, según informó días atrás el Banco de Previsión Social (BPS).
En cambio, quienes decidan realizar el cambio de lugar de cobro y tengan prestaciones de pasividad o actividad podrán presentarse en la institución o agente de pago de su preferencia y solicitar ser afiliados para el cobro de prestaciones BPS, según informó el banco. Además, no es necesario concurrir a dependencias del BPS para realizar estos trámites.
El planteo de Lacalle Pou y Un solo Uruguay
El próximo domingo 31 de marzo cierra el plazo para la campaña de recolección de firmas que busca de convocar a una consulta popular para derogar la bancarización obligatoria prevista en la ley de Inclusión Financiera. Según informó a fines de enero el Portal Ecos, en ese momento iban unas 100.000 firmas recolectadas y aún faltaban 200.000 más.
Si los militantes logran llegar a las firmas requeridas, la propuesta de reforma será plebiscitada en conjunto con las próximas elecciones nacionales, en octubre próximo. Pero todo indica que será muy difícil que eso suceda.
Más allá de esa campaña, la inclusión financiera es uno de los temas que estará en debate en la próxima campaña electoral. Durante el encuentro del sector Todos del Partido Nacional, realizado semanas atrás en La Paloma, el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou anunció que, si llega a presidente, eliminará la obligatoriedad de la inclusión financiera.
“No va a existir la obligación financiera”, dijo Lacalle Pou, quien ya había presentado un proyecto de ley que modifica la ley aprobada en 2014.
El proyecto modifica la obligatoriedad de pagar mediante instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico los sueldos de los trabajadores dependientes, honorarios profesionales, jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades permanentes.
La iniciativa de Lacalle Pou sustituye la expresión “deberá efectuarse” por “podrá efectuarse, a opción del trabajador”.
En tanto, el movimiento Un Solo Uruguay también ha reclamado eliminar la obligatoriedad de la inclusión financiera y así lo ha hecho saber en varios actos.
