La situación en algunos módulos del centro es “grave, mala, crítica” e incluso se ha ido deteriorando, según el comisionado parlamentario.
Dos guardias para contener a 549 reclusos, que se ensarzan en frecuentes enfrentamientos violentos con presos de otros sectores.
Esa es la situación que se viven los módulos 10 y 11 de la Unidad Penitenciaria 4 (Comcar). Así fue revelado en un informe divulgado este martes en Radio Sarandí, complementado con imágenes difundidas por VTV Noticias.
En esos sectores están alojados los reclusos de mayor peligrosidad en la cárcel más grande del país. En el caso del módulo 10, desde hace tres meses no salen al patio, por lo que están confinados en sus celdas las 24 horas del día, salvo cuando reciben visitas.
Según las imágenes difundidas, de todas formas practicaron un hueco y salen, por las noches, con el objetivo de atacar, con piedras, lanzas caseras y objetos prendidos fuego a los presos que están en el módulo 11. Allí se encuentran encerrados algunos ex policías.
Como mecanismo de defensa estos, de forma también casera, electrificaron las rejas, lo que ya provocó la muerte de un interno.
La situación de caos y extrema tensión derivó a su vez en los familiares. Una mujer, que acudió hace algunas semanas a la visita, resultó apuñalada.
Los dos únicos policías asignados a la vigilancia no ingresan a esos módulos desde hace tres meses. Se asegura que los presos tienen armas de fuego.
En suma, una situación explosiva que este martes tuvo su correlato político en la oposición.
“Se confirma el fracaso de las políticas de Estado respecto a las personas privadas de libertad, tanto adultos como adolescentes”, apuntaba la diputada nacionalista Gloria Rodríguez.
Mientras su colega colorada Valentina Rapela se quejaba que el Ministerio del Interior nunca le respondió el pedido de informes que hizo en agosto del año pasado sobre la situación del Comcar, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, insistía en su propuesta de asignarle a los militares el control interno de las cárceles para mantener el orden.
“Está claro que en estas condiciones no se puede rehabilitar a nadie”, concluyó el empresario.
El abogado y flamante candidato presidencial Gustavo Salle habló a su vez de “terrorismo de Estado», recordando la denuncia penal que en 2017 había presentado contra el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Eduardo Bonomi, acusándolos de “crímenes de lesa humanidad” por la situación de violencia en las cárceles.
Prácticamente, el único que no se mostró sorprendido fue Juan Miguel Petit.
“Esto es real y ya se sabía”, dijo a ECOS el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, afirmando que el estado de los módulos 10 y 11 del Comcar están dentro de lo peor del país, por su clima de violencia y su “guetización”.
Según sostuvo, allí la situación es “grave, mala y crítica” y ha permanecido incambiada en los últimos tiempos, en incluso ha ido deteriorándose.
Consultado, Petit señaló que las autoridades carcelarias están al tanto de la situación. El problema, explicó, es que los recursos humanos y logísticos están muy lejos de ser suficientes para apuntar a una solución.
El comisionado, que en las últimas horas logró el compromiso de Interior de reforzar la guardia, refleja en su más reciente informe al Parlamento la situación que atraviesa el Comcar.
Un “megapenal”, ubicado en Santiago Vázquez, donde se aloja la mayor población penitenciaria del país, distribuida en 11 módulos, cada uno con realidades muy diversas.
En el predio hay dos canchas de fútbol, una de rugby y una construcción abandonada.
Dentro de las instalaciones se encuentra el Polo Industrial, hoy venido a menos por la falta de guardia. También un local educativo central, un centro de salud de ASSE, una capilla ecuménica y una cocina central.La vigilancia perimetral está a cargo del Ejército.
Según los últimos datos, en el Comcar se alojan 3719 internos, lo que supone más de la tercera parte de los reclusos del país. Casi todos son hombres, a excepción de once mujeres trans.
La densidad de cárcel se ubica en el 113% de su capacidad. El 68% de los presos allí alojados no tiene condena, en tanto el 64% son reincidentes.
Apenas el 8% de la población, 293 personas, realizan algún tipo de actividad de educación formal. Con todo, exceden los 213 cupos disponibles para esos fines.
Un total de 1256 reclusos trabajan, pero 997 no reciben ninguna remuneración. A apenas a 30 se les otorga un salario, en tanto 227 reciben peculio.
En el último año se sucedieron 12 muertes violentas, de las cuales ocho fueron homicidios. Hubo otros nueve presos fallecidos por causas naturales.
Según el informe de Petit, la unidad unidad tiene una dirección centralizada, lo que hace muy difícil la gestión personalizada y educativa del centro.
Si bien existen responsables de área y jefes de módulo, no se configuran unidades pequeñas que puedan desarrollar programas específicos en su área de acción y un conocimiento y manejo detallado de cada sector.
“Los recursos humanos, tanto en personal técnico, de apoyo y de custodia, son totalmente insuficientes, lo que compromete los intentos de llevar adelante actividades socioeducativas”, apuntó el comisionado.
Así, la unidad tiene comprometida su capacidad de desarrollar actividades de integración social.
Petit destacó el gran esfuerzo de la dirección y su equipo en mejorar la gestión de la unidad, lo que era visible en el clima general del lugar pese a las enormes carencias y dificultades de todo tipo que debían encarar.
Así, la presencia de operadores penitenciarios terminando sus cursos fue un apoyo muy importante, pero la gran mayoría de ellos fueron trasladados a fines de año o inicios de 2018 a otras unidades, por lo que la actividad general volvió a decaer seriamente.
“En el lugar conviven iniciativas muy positivas para la integración social ,como el Polo Industrial , con módulos donde cientos de internos que no salen al patio y no tienen actividad socioeducativa alguna”, dijo.
En suma, la estructura administrativa y la dramática escasez de recursos conspiran contra el rol que debe cumplir el centro.
“Pese a la buena disposición de la dirección de la unidad, que desea llevar adelante una gestión transparente e inspirada en derechos humanos, la falta de recursos sigue haciendo que en muchos módulos los internos no salgan prácticamente de la celda, no tengan patio, que tampoco tengan actividades socioeducativas y que allí, debido a lo anterior, la convivencia esté dominada por la violencia, los chantajes, las amenazas y el temor”, sostuvo el comisionado.
A esto se suma que los recursos en salud, sobre todo a nivel mental y de adicciones son insuficientes. Las coordinaciones con servicios médicos son complejas, no hay un programa social de apoyo, los técnicos desplegados en la unidad son pocos y están totalmente desbordados.
“Esto redunda en un clima tenso y en el deterioro de la salud física y mental de las personas allí alojadas al no poder brindarles la atención sanitaria suficiente”, indicó Petit.
En ese marco, una situación preocupante se vivía en el llamado “módulo 12”, con capacidad para 44 personas, donde se mantenían internos en régimen de confinamiento en solitario, violentando las normas penitenciarias básicas.
En los módulos 11, 8, 3 y 4 se han recibido denuncias por amenazas y extorsiones a familiares de reclusos, debido principalmente a deudas por drogas.
El informe de Petit apunta a que el Comcar requiere apoyo urgente y un plan de reingeniería de su gestión, sectorizando sus diversos módulos con alcaldes o coordinadores referentes que tengan a su disposición un equipo técnico, operadores penitenciarios y un programa específico de intervención par terminar con el trato “inhumano, cruel y degradante” que se ve en varios de sus sectores.
