La Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeronáutica pueden dispararles a los sospechosos cuando huyen: «El arma es la última instancia, pero todos los miembros de las fuerzas federales van a poder usar el arma cuando su vida o la vida de terceros está en riesgo»
Los agentes de las fuerzas federales de seguridad podrán recurrir a armas letales bajo un paraguas más amplio que hasta ahora, según lo establece el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La resolución 956/2018, firmada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, (que entró en vigencia un día después) dispone que en cumplimiento de su deber se utilizarán armas de fuego «cuando resulten ineficaces otros medios no violentos».
El uso de armas letales es válido en «defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves» o «para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas»
También, «para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad» o «para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención».
La normativa considera «peligro inminente» cuando «se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas», o en caso de que «el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal».
El mismo principio se aplicará «cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal». En este último caso podrá ser «cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas».
También cuando el sospechoso «trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros» o en caso de que «efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma».
La resolución establece además que ante el necesario empleo de armas, los agentes «deberán identificarse como tales, intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita» salvo «en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas».
Tampoco es obligatoria la identificación como agente federal «cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil».
El artículo 4 establece que en «toda situación donde el empleo de las armas ocasione lesiones o muerte, se procederá de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas afectadas».
Además debe «comunicarse los hechos inmediatamente a la autoridad competente y la superioridad» para procurar»la supervisión judicial y la pertinente comunicación de los hechos a los parientes» de los involucrados.
Esta resolución alcanza a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), todas bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad.
CHOCOBAR EN EL ORIGEN
Para muchos argentinos hay que entender esta decisión en el marco de la llamada «Doctrina Chocobar».
El agente de la Bonaerense Luis Oscar Chocobar (31) abrió otra grieta en la sociedad argentina cuando, en diciembre de 2017, intervino tras un asalto en el que el turista estadounidense Joe Wolek fue gravemente herido a puñaladas en el barrio de La Boca. El suboficial, que estaba vestido de civil y se dirigía a su trabajo, en la Policía Local de Avellaneda, corrió a uno de los dos ladrones, Juan Pablo Kukoc (18). Le disparó por la espalda y dos tiros fueron mortales.
Poco después el agente fue recibido por el presidente mauricio Macri. El abrazo en la Casa Rosada fue una señal muy criticada por la oposición en el sentido de que el gboierno estaba apoyando indisimuladamente un caso de «gatillo fácil» haciéndolo pasar por un acto de heroísmo.
La Justicia se inclinó más hacia el lado del «gatillo fácil», porque procesó a Chocobar al considerar que se excedió en la legítima defensa y lo puso en camino a juicio oral.
El gobierno ha querido explicar este nuevo instrumento en el marco de recomendaciones de organismos internacionales.
En declaraciones a radio Mitre, Bullrich defendió la resolución y aseguró: «hasta ahora los miembros de las fuerzas de seguridad no podían usar las armas para defenderse o para defender a la gente», como «tampoco para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente peligroso se fugue.
«Siempre se dejaba a las fuerzas de seguridad en una situación de inferioridad. Es como que solamente podían repeler las hostilidades. Tenían que esperar a que les dispararan y, aún así, lo tenían que hacer de modo disuasivo», aseguró.
Para la funcionaria, «acá hubo una doctrina en la cual las fuerzas de seguridad solo tenían que esperar a que el delincuente tire primero. Esto es lo que ha llevado a que muchas veces uno dice: ‘van para atrás, no hacen nada, no ayudan a la gente cuando está en una situación difícil'».
