“Que los condenados por usurpación vayan al Parlemento a reclamar viviendas parece un chiste”, dijo Gustavo Leal.
Un grupo de condenados por la Justicia por usurpar viviendas en la Unidad Misiones de Casavalle asistieron a la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la Cámara de Representante reclamando un lugar donde vivir.
La instancia fue una iniciativa del diputado nacionalista Juan Andrés Arocena quien se manifestó preocupado por la falta de organización en el procedimiento de desalojo y que no se contempló dónde iban a vivir las personas desalojadas.
“Nosotros estamos defendiendo a las víctimas. Otras personas les están dando voz a los delincuentes”, dijo a ECOS Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior y encargado de la intervención en Casavalle.
“Fui una de las detenidas, fui desalojada”, comenzó relatando Adriana Zúñiga y no pudo contener las lágrimas. Ante los representantes nacionales, quien se considera una damnificada de la situación contó que está procesada por usurpación y por tener conexiones ilegales de energía eléctrica y agua potable. “Estoy procesada, nunca había tenido un antecedente. Un día llegó el señor Leal y me procesaron a mí y a otras siete personas. En 42 años que viví ahí nunca se pagó nada”, dijo haciendo referencia a los servicios de luz y agua.
Mediante un proceso abreviado, Zúñiga fue condenada, debió abandonar el barrio y tiene que presentarse en una comisaría todos los días por seis meses. “Estoy en la calle, no tengo casa. Supuestamente yo usurpé, pero no. La señora que vivía ahí se fue y me dejó cuidándole la casa mientras yo conseguía otro lugar para vivir y siempre estuve en contacto con ella».
Según ella, desde Fiscalía nunca llamaron a la dueña de la casa y la procesaron. “Me dieron 24 horas para salir de mi casa con mis dos nietos y mi hija. Ahora estamos alquilando una pieza”, señaló.
“Estas personas fueron condenadas por la Justicia. Además, firmaron acuerdos reconociendo que habían usurpado las viviendas”, expresó Leal.
Roberto Gómez es concejal vecinal del Centro Comunal N°11 del Municipio D y también estuvo presente en el Parlamento en representación de los vecinos desalojados. “Estoy de acuerdo con combatir la delincuencia que allí existe desde hace muchos años, pero no a costa del sufrimiento de muchas personas que no tienen nada que ver”, dijo Gómez señalando que en la Unidad Misiones existe un problema de viviendas desde hace décadas.
“Hace 40 años que no se paga ni luz ni alquiler ni impuestos. Y ahora, de un día para el otro, atacamos fuertemente un barrio. Hay 70 viviendas que fueron derribadas y la gente ya ni duerme”, dijo el concejal.
Gómez considera que los niños son los más afectados porque están creciendo con la presencia policial cerca de sus casas, fuertemente armados. Relató situaciones en las que niños han sido revisados por los efectivos cuando se trasladaban hacia la escuela. “La Policía no es respetada en el barrio porque no actúa como debería hacerlo”, expresó usando términos como avasallamiento policial y violación de los derechos humanos.
El diputado Arocena también intervino manifestando su preocupación por la falta de soluciones en vivienda para las personas que fueron desalojadas. Según dijo Gómez, integrantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) le dijeron a las personas que buscaran un lugar donde alquilar y que en dos años el ministerio se hará cargo de conseguirles un lugar fijo. “Eso es extra oficial porque no conozco a nadie que tenga un documento firmado por alguna autoridad que lo asegure”, dijo el concejal.
A su vez, Zúñiga señaló que muchos de los vecinos perdieron sus pertenencias como muebles, electrodomésticos y más porque no tenían a donde llevarlos.
Otras de las preocupaciones es la falta de organización en el proceder para la intervención en el barrio. Gómez hizo referencia a las expresiones de Leal que indicaban que iban a eliminar todo lo que tuviera “olor a Chingas”. El concejal se preguntó: “¿Porque un Chinga estuvo parado en la puerta de mi casa me la van a demoler? Allí hay gente mala, pero también vive gente buena, de trabajo. Hay familias que se sustentan vendiendo cosas en la feria”.
La Comisión de Vivienda se comprometió a seguir investigando sobre la situación. “Es un blooper que esta comisión le dé espacio a quienes usurparon las viviendas de otras personas”, dijo Leal.
Y agrego: “Que estas personas que fueron condenadas por usurpación vayan al Parlamento a reclamar viviendas parece un chiste. Estamos en el mundo del revés».
