La mujer que estaba al frente del Clan Figueroa, el grupo narco que tomó el control del Complejo Quevedo de Jardines del Hipódromo y que fue desarticulado por la policía el pasado 4 de octubre, recibía una asignación familiar por su situación de pobreza y una pensión por incapacidad, a pesar de que tenía dos autos, y control sobre nueve de las 50 viviendas de la vecindad, informó el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, al programa de radio En Perspectiva.
El jerarca dijo que actualmente no existe un mecanismo en el Banco de Previsión Social (BPS) para cortar la asistencia estatal en personas imputadas por narcotráfico, como es el caso de esta mujer que tenía tres antecedentes por este delito.
Leal dijo a El Observador que “el ejercicio activo de la autoridad tiene que incluir un sistema que en la medida de que exista procesamiento confirmado por lavado de activos o narcotráfico este tipo de prestaciones debería caer”. “Hoy ese mecanismo debería evaluarlo el BPS, creo que hay ciertos límites que en la sociedad tienen que protegerse”, agregó.
La líder del Clan Figueroa fue llevada ante la Justicia el pasado viernes 5 de octubre e imputada por un nuevo delito de narcotráfico, además de lavado de activos, ya que utilizaba un kiosco como pantalla del negocio ilícito que desarrollaba. Durante el operativo la policía incautó U$S 110, $ 88.250 en billetes y $ 13.226 en monedas. La mujer había comprado poco antes de ser detenida una camioneta Suzuki Vitara valuada en US$ 18.000, y había alquilado un auto.
Según supo El Observador, utilizaba un vehículo de alquiler porque el otro auto de su propiedad había sido incautado luego de que participara en un tiroteo en días anteriores.
La fiscalía pondrá en conocimiento esta información al BPS a los efectos de que se le quiten los beneficios sociales que ostentaba.
Como otros habitantes del Complejo Quevedo, los Figueroa llegaron desde un realojo del asentamiento Siete Manzanas. Leal contó que esta mujer vivía junto a sus cinco hijos en un “rancho de lata” que no tenía baño, y compartía un colchón con tres de ellos. En otro dormitorio dormían otros dos menores también en condiciones muy precarias.
Asimismo, esta mujer era la única adulta responsable de los menores, ya que el marido y padre de los niños estaba preso. Fue este contexto el que observó el BPS para considerarlos como beneficiarios de asignaciones familiares.
A su vez, la mujer tramitó una pensión por incapacidad mental, algo que fue utilizado como argumento por su defensa para ser considerada inimputable en los tres procesos anteriores por narcotráfico.
Pero la situación económica de la familia cambió radicalmente al poco tiempo de llegar al Complejo Quevedo. “Esta gente tuvo un enriquecimiento imposible de ser demostrado de manera legal porque no tenían un trabajo. Ninguno de los dos trabajaba (por la líder del grupo y su marido)”, dijo Leal. Este enriquecimiento, que es ilícito, es para el director de Convivencia del Ministerio del Interior, razón suficiente para que queden sin efecto las asignaciones que recibía.
El avance de los Figueroa
Los Figueroa se apoderaron de nueve viviendas, y expulsaron a la fuerza a sus antiguos habitantes. La primera vivienda usurpada pertenecía a un hombre que quedó a cargo luego de que el titular falleciera. Su hijo llegó después para habitar la propiedad, pero según dijo la fiscal Mónica Ferrero, solo estuvo dos días ya que el clan Figueroa lo expulsó del lugar. Allí montaron un almacén, que servía de pantalla para el negocio de droga. La boca estaba en el centro del complejo.
Además, construyeron un muro con dos cercos de alambres de púas e instalaron portones eléctricos que solo se podían abrir si los vecinos compraban los controles remotos que la familia vendía. Asimismo, colocaron un sistema de video vigilancia con el que se controlaba los accesos al complejo, los espacios comunes y en particular los alrededores a la boca de la familia. La líder del grupo, una mujer de 33 años con tres antecedentes penales, accedía a las imágenes desde su celular.
El control de la zona se completaba con la instalación de guardias armadas en los ingresos del complejo. Según contó una fuente de la investigación, los jóvenes observaban la actividad del barrio sentados en sillones en los accesos al complejo, acompañados de un fuego en los días de frío.
El pasado 10 de octubre, el Ministerio del Interior derrumbó los muros y quitó las 36 cámaras de seguridad que el grupo criminal había instalado.
