Testigos ocultos para presunta nueva estafa en ASSE

Están dispuestos a testificar sobre los vínculos de jerarcas con una empresa privada si se mantienen en secreto sus identidades.

Dos funcionarios vinculados al Hospital de Bella Unión se comunicaron en las últimas horas con la Justicia de Crimen Organizado para ofrecer su declaración en torno a las irregularidades y posibles delitos que se investigan en ese centro de salud.

Su testimonio se evalúa clave para, eventualmente, comprobar que existió conjunción de interés personal y público por parte de tres jerarcas de esa institución, que al mismo tiempo eran titulares de una empresa que contrataba con el hospital.

Se trata de una funcionaria, actualmente sumariada que, según pudo saber ECOS, ofreció prestar testimonio ante sede judicial.

Su declaración girará en torno a la manera en que se gestó el desembarco de Siemm, la empresa que entre 2013 y 2016 monopolizó los contratos de traslados en ese centro de salud.

El otro testigo es un enfermero que se desempeñaba en los viajes que hacían las ambulancias de la firma.

El trabajador, despedido hace dos años, “veía absolutamente todas” las irregularidades que se sucedían a partir del vínculo entre Siemm y el hospital.

En los dos casos hubo un pedido concreto al juzgado. Los funcionarios pidieron protección y que su identidad quede en reserva, ya que temen una posible persecución por su voluntad de declarar.

Crimen Organizado cerró el viernes la primera serie de audiencias en torno al caso, con la presencia de Rubén Bouvier, integrante del Movimiento Salud para Todos, que concurrió a ratificar las denuncias que los usuarios han realizado en distintos ámbitos sobre el tema.

Según afirmó Bouvier en sede judicial, el caso tiene su primer antecedente e la decisión de la entonces ministra de Salud, María Julia Muñoz, de remover a más autoridades que encabezaban Bella Unión.

En 2006 se designa a María Elena Curbelo como directora, bajo cuya gestión comienza a cimentarse la llegada de los Tres propietarios de Siemm a Bella Unión.

En particular de Federico Eguren, que retornaba a Uruguay luego de recibirse de médico en Cuba y cuya posición económica en esa época era crítica pero que a partir de allí comenzó un destacable crecimiento profesional.

Según las pruebas aportadas por Bouvier, el Hospital de Bella Unión contaba en 2011 con dos ambulancias.

Su funcionamiento era adecuado pero, según declaró, Eguren desmanteló el servicio para que su emergencia móvil, recién fundada, fuera la que se encargara de la mayor parte de los traslados.

Bouvier confirmó uno de los elementos centrales ratificados por la Comisión Investigadora que, en Diputados, analizó el tema.

Eguren contrató en su empresa al jefe de Ambulancias, a la contadora y a la encargada de Recursos Humanos del hospital, que pasaron así a desempeñarse en los dos lados del mostrador.

Los enfermeros que participaban en los traslados tuvieron como beneficio, en algunos casos, que sus hijos fueran contratados en la emergencia móvil.

“Eguren cerró el círculo y nadie le reclamaba”, dijo Bouvier ante el fiscal Pacheco y la jueza Dolores Sánchez.

“Los que discrepaban o denunciaban lo que estaba pasando eran perseguidos y expulsados”, afirmó .

Citó el caso de Daniel Manassi, un médico de Bella Unión que fue el primero en denunciar las irregularidades en el centro de salud.

Además del detallar el doble vínculo de Eguren y sus colegas, Manassi afirmó que Siemm utilizaba los insumos y medicamentos del hospital.

También que la emergencia extendía recetas para retirar medicación en la farmacia del centro público.

Manassi redactó un informe que le fue entregado en mano en 2013 a la entonces ministra Susana Muñiz por parte de Bouvier y otros representantes del Movimiento de Usuarios.

El médico terminó siendo destituido y falleció poco después, a las 49 años, de un infarto y en medio de una profunda depresión.

Según testificó Bouvier en el juzgado, las persecuciones continúan en Bella Unión.

“Hay una línea de acción que se sigue ejecutando y todos aquellos que osaron discrepar son duramente perseguidos”, afirmó.

Como testigo, Bouvier ratificó las denuncias de Manassi.

Según dijo, Siemm tenía socios con cuota mensual, que eran atendidos en el Hospital.

De allí salían los medicamentos, los análisis de sangre y hasta el servicio de lavadero.

Días antes de la inauguración de la firma, según la declaración, se llevaron del hospital un cardiodesfibrilador, aparatos de presión, equipos e insumos para las ambulancias.

Era habitual, por otra parte, ver entrar por el patio trasero del centro a los móviles de Siemm para retirar las sábanas que se lavaban en el lavadero del hospital.

También se presentaban notas a la nurse de turno pidiéndole goteros, instrumental y gasas. Esas entregas fueron habituales en los años que duró el contrato.

Según el testimonio de Bouvier, los jueves en la tarde una ambulancia del hospital se llevaba al taller y quedaba “en reparación” hasta el lunes.

El dueño del taller era esposo de una funcionaria del hospital, que fue ascendida como recompensa.

“Todos tenían su premio”, afirmó el testigo.

Otra de las irregularidades era que la enfermería externa a domicilio se ordenaba desde la emergencia móvil, pero la realizaban funcionarios del hospital.

Se llegaron a atender 30 pacientes por día, cuando en épocas en que Siemm no existía el promedio no superaba los siete.

Bouvier sostuvo que Eguren siguió dirigiendo Bella Unión aún cuando estaba al frente del Hospital Español. Lo hacía en estrecha vinculación con sus sucesores, Marcos García, otro de los dueños de Siemm, y Valeria Celada.

Ecos

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